Expertos advierten riesgos si se prioriza la inversión sobre la rigurosidad ambiental.
El decreto firmado por el presidente José Antonio Kast para acelerar la resolución de 51 recursos de reclamación pendientes en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha abierto un debate en el plano económico y ambiental.
La medida, presentada como parte de los primeros decretos de su gobierno de emergencia, busca destrabar inversiones que, según estimaciones del Ejecutivo, superan los US$16 mil millones, una cifra que, aseguran, podría tener efectos relevantes en el crecimiento económico y la generación de empleo en distintas regiones del país, entre ellas la Región del Biobío.
El documento establece plazos acotados para resolver los recursos que actualmente mantienen paralizados proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada.
Según lo dispuesto en el decreto, los recursos de reclamación vencidos deberán resolverse en un máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio. En tanto, los nuevos recursos presentados ante la dirección ejecutiva del SEA deberán resolverse en 30 días hábiles, mientras que aquellos que lleguen al comité de ministros tendrán un plazo máximo de 60 días hábiles.
Además, el SEA deberá publicar periódicamente estadísticas sobre estos procesos en su sitio web.
Desde el Gobierno se ha planteado que la medida busca reducir la incertidumbre regulatoria y destrabar inversiones que permanecen detenidas por procesos administrativos, una situación que, según diversos sectores productivos, ha afectado la competitividad del país.
Sin embargo, la decisión también ha reactivado un debate de fondo: hasta qué punto es conveniente acelerar los procesos ambientales cuando están en juego ecosistemas, territorios y comunidades locales.
El académico y director del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, Ricardo Barra, advirtió que la iniciativa tiene implicancias complejas. A su juicio, se trata de una medida que puede interpretarse de dos maneras.
“En mi opinión este decreto puede ser caracterizado como un arma de doble filo, desde la perspectiva económica puede ser considerada una gran noticia pues destraba más de US$16.000 millones de inversión, de acuerdo con los cálculos del gobierno, con la generación de empleo que se requiere en regiones impactadas por el desempleo, como la región del Biobío y Ñuble”, señaló el especialista.
Sin embargo, Barra también advirtió que acelerar los procesos podría generar consecuencias si no se mantienen estándares técnicos rigurosos en la evaluación ambiental. Según explicó, “existe el riesgo de que, al descuidar el adecuado análisis técnico, se puede terminar con proyectos cuestionados, judicializados y con nuevos conflictos con las comunidades”.
En ese sentido, el académico sostuvo que el desafío está en lograr un equilibrio entre el impulso económico y la protección ambiental. “No sacamos mucho con apurar los procesos si eso significa desproteger nuestro ambiente. Acá se requiere fortalecer las capacidades de análisis ambiental por parte del Estado y que la calidad de los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental que entregan los proponentes, sean privados o públicos, sea la más alta posible”, explicó.
Barra añadió que la incertidumbre siempre será parte de este tipo de evaluaciones, pero que el objetivo debería ser que los análisis de costo-beneficio generen condiciones en las que “gane la sociedad y el medio ambiente en su conjunto”.
CC.
El Director de Campus Naturaleza Udec, Cristian Echeverría Leal, comentó al respecto que “deben seguirse los lineamientos y el proceso como es debido para este tipo de proyectos. Igualmente puede darse la opción de que son proyectos que están aprobados y que por un motivo administrativo no se avanzó”.
Desde el ámbito político, el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, planteó que existe preocupación por los efectos que la demora en la tramitación de proyectos ha tenido sobre la inversión.
“Son muchos los ejemplos lamentables sobre proyectos que han quedado en el camino, siendo buenos proyectos que aportan al desarrollo regional y que, a largo plazo, inciden en la pérdida de competitividad de nuestra región y el país, lo que también ha incidido en la inversión y el empleo”, afirmó.
El delegado agregó que el desafío está en acelerar los procesos sin vulnerar la normativa ambiental vigente.
“Es importante identificar esos casos donde ya hemos comenzado a trabajar en esa área para luego generar las coordinaciones correspondientes entre los ministerios involucrados de forma de poder acelerar los procesos respetando la normativa vigente porque no es incompatible generar empleo y cuidar ámbitos importantes como la calidad del trabajo y el medioambiente”, sostuvo.
En medio de este debate, también surge la inquietud respecto de qué proyectos concretos forman parte de los 51 recursos que se busca resolver. Hasta ahora, el Gobierno no ha detallado cuáles son las iniciativas específicas incluidas en la instrucción presidencial, lo que ha generado expectación en distintos sectores productivos y territoriales.
Desde Diario Concepción se intentó obtener información del SEA respecto de posibles proyectos vinculados a la Región del Biobío, pero desde el organismo señalaron que aún no se tiene claridad sobre cuáles de estas iniciativas corresponden a la región.
Las tensiones entre desarrollo económico y resguardo ambiental también se reflejan en proyectos específicos que se discuten en el territorio. Uno de ellos es el Parque Eólico Coyanco, iniciativa que ha generado preocupación en comunidades mapuche de la provincia del Biobío.
El lonco de la comunidad mapuche “Los Moluche Kimün” de Mulchén, José Escalona, expresó reparos respecto de la ubicación del proyecto.
“Se va a construir cercano a donde está nuestra machi Herminda, en el lugar donde ella tiene su ruca y su espacio de sanación mapuche”, afirmó el dirigente, explicando que en ese sector se desarrollan prácticas de medicina ancestral y ceremonias tradicionales.
Escalona relató además que la comunidad realiza rogativas en las cercanías del río Coyanco, particularmente durante los procesos de renovación del rewe, un elemento central dentro de la cosmovisión mapuche. “Ese lugar donde nosotros vamos a realizar esto queda muy cerca del lugar donde se va a llevar a cabo este parque eólico”, señaló.
Por otro lado, otros proyectos vinculados a energías renovables también han abierto debates locales sobre cómo compatibilizar desarrollo y sostenibilidad. Es el caso del Parque Fotovoltaico Neutrón, iniciativa que ha sido analizada por autoridades comunales.
La encargada de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Mulchén, Macarena Vallejos Díaz, sostuvo que el municipio espera que estos proyectos incorporen medidas concretas para resguardar el entorno.
Según indicó, la expectativa es que se implementen mecanismos de mitigación, compensación o restauración ambiental cuando corresponda, particularmente en lo relacionado con la protección del suelo, la flora, la fauna y los recursos hídricos.
“Apostamos por una transición energética justa y sostenible, que priorice el bienestar de la comunidad y el cuidado del entorno. Mulchén ya está siendo reconocida como una comuna abierta a las energías limpias, pero queremos que estas iniciativas convivan de manera respetuosa con nuestros habitantes y con nuestra cultura”, afirmó.