A través de una carta a un matutino, parlamentarios abogaron por una revisión del dictamen que prohíbe a las instituciones que reciban dineros fiscales aplicar la objeción de conciencia institucional.

Los trabajadores reaccionaron rápidamente pidiendo explicaciones. Luego de una reunión, el gobierno comunicó que todo continuará de manera normal y con las mismas ONG. Aún así, quedó incredulidad.