En abril del presente año, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss) inició un proceso de sanción contra Aguas Chañar tras confirmar la presencia de permanganato de potasio en la red de agua potable de Tierra Amarilla.
Además de la comuna de la Región de Atacama, otras once fueron registradas por la Siss por incumplimiento de los parámetros de calidad de agua, las que resguardan criterios como olor, sabor y turbiedad, además de la presencia de cloruros, sólidos y sulfatos.
De las once, cuatro corresponden a la Región del Bío Bío. Estas son Tomé, Penco-Lirquén, Lota y Quillón. Las restantes son Pica, Chañaral, Copiapó, Rancagua, Machalí, Cauquenes y Punta Arenas.
Ante la información revelada, la empresa Essbío respondió, respecto a lo acontecido en la Región de O’Higgins, que “se trata de parámetros que en ningún momento pusieron en riesgo la salud de las personas y están relacionados con dificultades operacionales, puntuales, que fueron rápidamente superadas”, indicaron desde la sanitaria.
Por su parte, la superintendencia, en tanto, asegura que en el caso de nueve comunas, las faltas son puntuales, que pueden ser “originadas en la operación de los sistemas de producción o distribución de agua potable, tales como: fallas en los equipos, problemas en la toma de las muestras de control o errores en la información proporcionada por las concesionarias sanitarias; o bien, a situaciones por arrastre de material”.
En esta línea, la toxicóloga y académica de la Universidad Mayor, Laura Borgel, concuerda con que estas faltas no constituyen un riesgo para la salud: “La cantidad de sulfatos o cloruro no repercute mayormente. Sí lo haría desde el punto de vista de riesgos para la salud si el incumplimiento estuviera relacionado con la calidad de metales pesados, como mercurio o arsénico”, explicó la especialista.
En el caso de los sólidos disueltos totales, Borgel señaló que no representan mayor problema, ya que “significa que probablemente pasaron arenillas finísimas por los filtros. Esto va a depender del origen del suelo” y añade que el problema apunta más a algo comercial, que pese a no ser dañino, no debería dejarse pasar. “Los parámetros son la norma que las empresas deben cumplir, porque tiene un contrato en el que garantizan que se van a mover dentro de esos parámetros. El agua tiene que ser transparente. Allí comienza a regir la política de lo que compro versus lo que recibo”, precisó la investigadora.
