A través de una carta a un matutino, parlamentarios abogaron por una revisión del dictamen que prohíbe a las instituciones que reciban dineros fiscales aplicar la objeción de conciencia institucional.
Son 14 diputados de R N, entre ellos Francesca Muñoz, Leonidas Romero y Cristóbal Urruticoechea, quienes firmarán, junto a la bancada de la UDI, un requerimiento para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el reglamento de objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales.
La tarde del viernes, el ministerio de Salud remitió a la Contraloría el documento que acoge la objeción de conciencia institucional, siempre y cuando no mantengan convenios con el Estado en prestaciones gineco-obstétricas. Un ejemplo, es que una clínica objetora no podrá atender partos de personas cuya previsión sea Fonasa.
Uno de los propulsores es el diputado por Bío Bío y Arauco, Cristóbal Urruticoechea, quien manifestó que “la posición del TC representa una intromisión indebida en el campo político, en vez de restringirse al control de la legalidad, hace suya una visión política muy perjudicial para la sociedad civil, desconociendo la libertad de asociación y reduciendo lo público a lo estatal”.
Desde La Moneda, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo que los parlamentarios no podrían concurrir al TC, “porque no hay ningún reglamento aprobado”.
Diario Concepción contactó a los diputados de la Región que han mostrado una postura contraria al aborto y ratificaron su intención de recurrir al TC.
La diputada de RN y miembro de la bancada “cristiana”, Francesca Muñoz, dijo que “manifesté mi postura a favor de la presentación ante el TC. Este reglamento está poniendo restricciones al derecho que es la objeción de conciencia”.
Durante la tarde, tras el cierre de nuestra edición, la parlamentaria comentó que finalmente decidió esperar lo que responda la Contraloría a la bancada de RN con respecto a los alcances de la medida.
Otro miembro de dicha bancada, Leonidas Romero, opinó que “tenemos una convicción cristiana sobre el aborto en tres causales. Aquí se está yendo en contra de un criterio que ha establecido la Contraloría y han excedido en sus atribuciones”.
Otro militante de RN que se mostró a favor de la acción fue Frank Sauerbaum. “Vamos a hacer una consulta al contralor por este fallo, puesto que podría atentar en contra de otras relaciones que tiene el Estado con organismos públicos. Hay un atentado con la libre determinación”.
En la UDI, Enrique van Rysselberghe estimó que “el dictamen de Contraloría, más que discriminatorio, es atentatorio con el fallo del TC que consagró la objeción de conciencia institucional; ello, ya que establece límites específicos al ejercicio de este derecho constitucional”.
En la DC existen posturas diversas y si bien hay consenso de no concurrir al TC, el diputado Jorge Sabag, dijo que apoyará la idea. “Se establece que por el hecho de recibir fondos públicos, una institución reemplaza al Estado y eso atenta contra un principio, y se coarta el derecho de las mujeres a elegir, acá se está produciendo una discriminación arbitraria”, dijo.