Minvu comprometió subsidios de arriendo para 40 familias y un estudio de suelos de tres meses. En paralelo, surge una discusión sobre las responsabilidades institucionales de origen y la necesidad de actualizar el Plan Regulador Comunal.
Lo que debes saber
• La emergencia reabrió antecedentes sobre el inicio de las obras, incluidos cuestionamientos a los permisos municipales y una antigua demanda civil presentada por un grupo de residentes.
• El municipio revisará con su equipo jurídico eventuales acciones legales, mientras el Minvu investigará tanto la actuación de la constructora como la del Serviu.
• El alcalde también vinculó el caso con las dificultades para actualizar el Plan Regulador Comunal, vigente desde la década de 1980, y con las limitaciones de la institucionalidad para responder a problemas territoriales.
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Un antiguo intento vecinal por demandar a la constructora, cuestionamientos al inicio de las obras y una eventual revisión de acciones civiles por parte del municipio son parte de los antecedentes que vuelven a poner bajo escrutinio la historia de Villa El Mirador, en Arauco, donde una grieta de 500 metros continúa extendiéndose y mantiene en alerta a las familias de un conjunto habitacional de 310 viviendas.
La emergencia por los deslizamientos de terreno no solo ha obligado a evaluar la seguridad de las viviendas. También abrió interrogantes sobre las condiciones en que se levantó el conjunto habitacional y la actuación de las instituciones encargadas de fiscalizarlo.
En lo inmediato, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) comprometió subsidios de arriendo para 40 familias ubicadas en las zonas de mayor riesgo. El acta firmada por el ministro Iván Poduje establece el 16 de octubre como plazo para tramitar esos beneficios, mientras que la solución definitiva dependerá de los resultados de un estudio de mecánica de suelos.
El análisis abarcará las tres plataformas del conjunto, se extendería por aproximadamente tres meses y deberá ser financiado por la empresa, con supervisión técnica de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del Minvu. La intención es que lo realice una institución independiente y que incluya sondajes en profundidad.
Los resultados permitirán evaluar si es posible estabilizar el terreno, construir muros de contención y reparar o reponer las viviendas, o si será necesario relocalizar a las familias a otro proyecto habitacional en Arauco. La decisión estará sujeta a que las alternativas permitan garantizar condiciones de seguridad y habitabilidad.
Poduje también anunció que se investigará, tanto la actuación de la constructora, como del mismo Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).
“Yo tengo que hacerme cargo de los problemas, a los vecinos les da lo mismo quién genera el problema. Mi pega ahora es resolverlo”, añadió el secretario de Estado.
En diálogo con Diario Concepción, el alcalde de Arauco, Rodrigo Montero, reveló que un grupo de vecinos habría recurrido anteriormente a la justicia por problemas relacionados con el conjunto habitacional. “Hubo 10 personas que en su momento iniciaron una demanda, entiendo que civil”, sostuvo.
El jefe comunal explicó que, según los antecedentes que le habían comentado, la causa no habría llegado a buen puerto. Una de las versiones que mencionó apuntaba a que el abogado que llevaba el caso habría dejado de tramitarlo tras asumir otro trabajo. Sin embargo, se abstuvo de dar por cierta esa explicación y señaló que buscará recuperar los antecedentes.
“Sobre eso prefiero no emitir una opinión porque no tengo los antecedentes como de respaldo y me gusta ser bien objetivo”, indicó.
En paralelo, Montero señaló que la Municipalidad de Arauco revisará con su Dirección Jurídica la posibilidad de emprender acciones civiles relacionadas con el caso. Eso sí, no precisó contra quienes podrían dirigirse ni confirmó que exista una decisión tomada.
Más allá de lo anterior, Montero cuestionó las condiciones en que se iniciaron las obras y aseguró que “cuando se inició la construcción de las viviendas, la Municipalidad ordenó detener la construcción porque no tenían permiso de la Dirección de Obras, que es un tema abiertamente ilegal”.
Eso sí, aclaró que para establecer con precisión qué ocurrió, será necesario revisar el expediente municipal, la fecha y el alcance de esa medida, los permisos que pudieron otorgarse posteriormente y las condiciones en que continuaron los trabajos.
El alcalde también cuestionó que las intervenciones anteriores no hubieran resuelto el problema de fondo. “El tema no es la casa, es lo que pasa abajo de la casa”, sostuvo, apuntando a las condiciones del terreno y a las eventuales deficiencias en el diseño, la ejecución de las obras y su fiscalización.
“Creo que aquí la pega partió de la base de un mal diseño, una construcción que no estuvo a la altura y, me hago cargo de lo que digo, también de una inspección absolutamente deficitaria”, agregó. A su juicio, la evolución de los problemas en el conjunto ha respaldado sus cuestionamientos sobre la decisión de construir en el lugar y las medidas adoptadas para prevenir los daños.
“El tiempo ha dado la razón respecto a no haber construido ahí, no haber tomado las medidas que corresponden y, sobre todo, creo que se actuó de forma muy liviana con la empresa”, concluyó.
Consultado directamente por las responsabilidades concretas detrás de la emergencia, Montero sostuvo que existe una responsabilidad institucional y cuestionó el desempeño de los organismos que debían intervenir en el proyecto.
En ese contexto, el alcalde hizo una distinción respecto de la actual conducción del Ministerio de Vivienda.
“Hay responsabilidad institucional, pero claramente esta no es responsabilidad del ministro. El ministro está haciendo la pega que otros definitivamente no hicieron y, en definitiva, está apurando a quienes parece que antes andaban a la velocidad que ellos querían”, respondió.
En vez de nombres, extendió sus cuestionamientos al funcionamiento de las instituciones públicas y advirtió sobre las dificultades del sistema para responder a las necesidades del territorio. “Creo que en algunos aspectos tenemos una institucionalidad débil que de alguna u otra forma no se da cuenta y no se ha actualizado a través del tiempo”, indicó.
El alcalde también apuntó a la lentitud de los procedimientos administrativos y a la falta de actualización de los instrumentos de planificación territorial. Como ejemplo, señaló que un plan regulador puede demorar ocho años en elaborarse y cuestionó que los procesos no avancen al ritmo que requieren las comunidades.
“Y a eso sumamos una burocracia endémica en muchas instituciones del Estado, donde algunos funcionarios no tienen la voluntad. Y eso también depende del compromiso de las personas”, expresó.
Montero también puso el foco en la planificación territorial de Arauco y fue enfático en señalar que los intentos por actualizar el Plano Regulador Comunal no han logrado concretarse. Según explicó, el instrumento vigente data de la década de 1980 y los procesos impulsados posteriormente quedaron inconclusos.
El alcalde recordó que entre 2000 y 2005 se impulsó una actualización que se entrampó por dificultades administrativas y observaciones de organismos como la Contraloría General de la República. Tras el terremoto de 2010 hubo un nuevo intento, que tampoco llegó a término. Actualmente, aseguró, el municipio trabaja en una nueva actualización con recursos del Gobierno Regional (Gore) y apoyo técnico de otras instituciones.
“Tenemos que sacarlo adelante, porque nuestro plan regulador está absolutamente desfasado y esa es una realidad. Y por otro lado, sigo dejando claramente asentado que hubo dos intentos claros que no llegaron a puerto”, cerró el jefe comunal.