El Estado puede crear marcos regulatorios que incentiven la generación distribuida, reducir barreras de entrada al mercado y promover proyectos de energía que beneficien tanto a empresas como organizaciones sociales y sus comunidades.

Sin una articulación logística sólida, que integre almacenamiento, abastecimiento, mantenimiento, distribución y capacidad instalada, estos equipos no solo se vuelven un recurso escaso, sino que también se frena toda la cadena de atención en la red de salud.