Una normativa largamente esperada que eleva los estándares éticos, fortalece los derechos de las personas y establece mayores exigencias para las organizaciones públicas y privadas.

La conclusión es incómoda: esta nueva retórica de no intervencionismo no desactiva las viejas lógicas coloniales, sólo las remodela, donde la “Intervención Justificada” siempre favorecerá al Imperio estadounidense.

Según el artículo 1° de la Constitución, el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es el bien común. Este mandato no puede reducirse a reaccionar ante la catástrofe, sino que exige una planificación fundada en el diálogo previo y el conocimiento profundo del territorio.