Florencia Alvez Marín
Abogada Colectiva – Justicia en Derechos Humanos

El pasado 18 de enero quedará en la memoria de nuestra región. Una vez más los incendios, alimentados por la crisis climática y por vivir rodeados de plantaciones forestales (causante estructural cuya incidencia ha sido analizada y discutida largamente), destruyeron viviendas y despojaron a familias de sus bienes y recuerdos materiales. Ante la tragedia, la respuesta de la ciudadanía fue inmediata y masiva: muestras de solidaridad, saturación mediática y un despliegue de ayuda que se supera cada día.

Sin embargo, tras los primeros días, ocurrió un fenómeno que invita a la reflexión: el rechazo a ciertas ayudas y la acumulación de ropa en las calles de las zonas afectadas revelan una desconexión entre la voluntad de dar y la necesidad real de recibir.

Según el artículo 1° de la Constitución, el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es el bien común. Este mandato no puede reducirse a reaccionar ante la catástrofe, sino que exige una planificación fundada en el diálogo previo y el conocimiento profundo del territorio. El acto de gobernar debe ser un ejercicio en movimiento, una conversación permanente y actualizada que permita identificar necesidades, asegurando que el aparato público esté preparado para actuar cuando la emergencia se desata. Este vínculo previo de confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad garantiza que la respuesta sea rápida y pertinente. El Estado lidera la coordinación, y la solidaridad ciudadana mantiene su lugar como un complemento valioso, sin sustituir el deber del Estado.

Así, entenderemos la ayuda no solo como la entrega de lo que uno cree que el otro necesita, sino como un acto que reconoce al otro como un sujeto autónomo y digno. Cuando ignoramos la voz de quien sufre para imponer nuestra “solución”, estamos vulnerando su autonomía. La planificación de cómo queremos vivir, cómo queremos enfrentar las crisis y cómo queremos “ser ayudados” se puede construir a través de acuerdos legítimos y sostenibles cuando dejamos de actuar bajo lo que a unos les parece bien y empezamos a considerar lo que el otro, autónomamente, define como necesario.

Solo a través del encuentro genuino y el respeto por la autonomía del otro podremos reconstruir, no solo viviendas, sino también el tejido de una sociedad democrática.