Consideran "gravísimo e impresentable que, por la vía administrativa, el Gobierno pretenda situar a los alcaldes, como ejecutores de una medidas de fuerza que pretende revolver un conflicto que la autoridad ministerial no ha sabido enfrentar”.
La defensa anunció que recurrirá de nulidad a la Corte de Apelaciones de Concepción para solicitar la repetición del juicio.
