Hecho provocó problemas de salud en 23 vecinos que debieron ser asistidos en centros asistenciales locales. Diputada Joanna Pérez (DC) anunció acciones legales tras el episodio.

Coeficientes como la constructibilidad, retranqueo y distanciamientos, entre otros, debieron ser parte del análisis. Se cree que los procesos participativos serán cada vez más técnicos, lo que implicará informar a la población, calendarizarlos adecuadamente y que tengan modo virtual y presencial.

Situación ocurre tras anuncio de los sostenedores de iniciar el proceso de quiebra. Con la medida, se asegura la continuidad de las clases por el año 2020.