El proyecto de ley busca modificar el Código Penal con el fin de endurecer las penas por usurpación, quitando el límite de flagrancia y estableciendo una nueva vía sancionatoria para detener a los ocupantes ilegítimos.
Tras la toma de 13 torres de departamentos en San Pedro de la Paz, parlamentarios de la Región del Biobío abordaron como necesario y urgente el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para endurecer las sanciones a quienes cometan el delito de usurpación, ampliando el período de flagrancia y facilitando la detención de los ocupantes en la forma que se indica.
Dicho proyecto, que se encuentra dentro de la agenda legislativa de seguridad “Fast Track”, fue iniciado en moción por el senador Felipe Kast (Evópoli) y las senadoras Marcela Sabat (RN) y Ena Von Baer (UDI), y según el último boletín que sigue la ruta de la iniciativa, ya fue despachado desde la Comisión de Seguridad Pública del Senado al plenario de la Cámara Alta.
Debido al compromiso político que mantiene el Ejecutivo y el Legislativo para impulsar la “Fast Track”, el proyecto en mención tiene como objetivo convertirse en ley en un plazo de 75 días.
El proyecto que busca modificar la Sección VI del Capítulo 9 del segundo capítulo del Código Penal de la Nación, refiere a dos aristas que se unen en un mismo objetivo: endurecer las penas por usurpación. En ese sentido, el objeto de la iniciativa apunta tanto a aquellas tomas ilegales que tienen como propósito, o bien desembocan, en un norte de fortalecimiento para bandas criminales como para la instalación del crimen profesionalizado, como establecer una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta de la usurpación.
En si mismo, el proyecto explica que el fin es “entregar aplicación práctica a una norma que por su diseño ha resultado inocua respecto de un problema que ha evolucionado y agravado su peligrosidad. El desarrollo de las usurpaciones en el último tiempo ha dado a entender que este lucrativo negocio no sólo queda en eso, sino que es terreno fértil para el fortalecimiento de organizaciones criminales y la instalación del crimen profesionalizado”.
En ese sentido, suscribe, “la presente moción tiene por objeto disuadir su comisión o castigar eficazmente en su defecto; para ello le otorgamos el carácter de delito, quitamos límite a la flagrancia y establecemos una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta, facilitando la posibilidad de detener a los ocupantes ilegítimos, evitando el escalamiento del ilícito en conductas más nocivas y peligrosas para la sociedad”.
El senador de la República, Enrique Van Rysselberghe (UDI), explicó que “para los parlamentarios de oposición, la ley de usurpaciones siempre ha sido una prioridad y así se lo hemos planteado al gobierno en cada oportunidad que se nos ha presentado. Lamentablemente, el actual gobierno y sus parlamentarios dilataron inexcusablemente esta discusión por varios meses en la Comisión de Seguridad del Senado y sólo la semana pasada logró ser despachada de esta instancia, en gran medida por la gravedad de una serie de casos de tomas de viviendas y terrenos que ocurren en todas las regiones del país”.
Agregó que el efecto disuasivo de la ley está en el hecho de que busca aumentar el período de flagrancia del delito de usurpación y facilita la detención de sus responsables. “Actualmente se entiende que la flagrancia, es decir el tiempo que dura la acción delictiva, es de 12 horas, luego de la cual se debe pedir a un tribunal el desalojo de una vivienda o un terreno. Con esta ley, ese periodo de flagrancia se amplía, permitiendo que la fuerza pública pueda actuar en el desalojo de los ocupantes, independiente del número de horas que lleven de ocupación”.
De esa forma, para Van Rysselberghe, si llegase a aprobarse la ley, desincentivará de modo importante la motivación de toma de viviendas o terrenos en quienes cometen estas acciones al saber que la fuerza pública no tiene restricciones para desalojar.
En la misma línea, el diputado Eric Aedo (DC), señaló que “efectivamente la ley de usurpación es una urgencia, y estos hechos que hemos visto justifican que aceleremos el paso. Hay un compromiso del Congreso y del Gobierno de sacar esta ley en un plazo de 70 días, y esperamos que aquello se cumpla. Por lo menos desde la Cámara de Diputados vamos a apoyar y respaldar la aprobación de esta ley y que quienes efectivamente comenten este delito tengan un castigo penal real y no sólo multas económicas”.
Por su parte, la diputada Francesca Muñoz (Independiente), indicó que es evidente que se requiere legislar con urgencia en torno a este proyecto, debido a que no es un tema nuevo las tomas irregulares de viviendas o terrenos. “Es una problemática que existe hace ya varios años en todo nuestro país y desgraciadamente hasta la fecha sin solución. Ya que las sanciones son solo multas y se requiere endurecer las penas”.
El senador Gastón Saavedra (PS), indicó que efectivamente el proyecto que endurece penas a la usurpación se está legislando en el Congreso de la Nación y que esta “busca resolver los problemas en la flagrancia porque es muy poca y se necesita un mayor tiempo para el proceder de los tribunales de justicia y estos, por lo tanto, dictaminar los desalojos respectivos ante la usurpación ya sea de viviendas ya sea de un territorio”.
Sin embargo, enfatizó en que, si bien se busca endurecer las penas y con ello disuadir a las personas que procedan de esta forma, nadie asegura que no vayan a seguir ocurriendo este tipo de acciones. Además, señaló que “estamos en una crisis habitacional porque se dejó de invertir durante los cuatro años del presidente Piñera, donde solo se entregaron bouchers, papeles, pero no se construyeron viviendas”.
“Entonces, hoy tenemos más gente viviendo en campamentos, más gente sin casa y, obviamente, en la desesperación de buscar una vivienda donde poder vivir con su familia. Entonces también está ese factor que hay que ponderarlo. Hay que resolver el origen del problema, que es la falta de viviendas”, dijo Saavedra.
En esa misma línea, la diputada Karen Medina (PDG), dijo que “por supuesto no apoyo este tipo de tomas, condeno el hecho provocado de la destrucción que se dio”, pero además de expresar que es urgente que avance este proyecto de ley debido a la frecuencia de toma de terrenos, indicó que “me preocupa el déficit habitacional que tiene la región del Bío-Bío, que son alrededor de 40 mil viviendas, entonces hoy día estamos en una situación complicada, post incendio donde mucha gente quedó sin vivienda, se suma ya al déficit que hay y al poco avance que existe para disminuir la falta de viviendas”.
“Creo que hay que avanzar en ambas cosas de forma paralela, porque necesitamos llegar a las familias que también están desamparadas, hoy los arriendo están muy altos y no tienen para cubrir la totalidad, por lo que va todo enlazado”, agregó Medina.
Sobre el proyecto y los últimos acontecimientos vividos en la Región del Biobío, el abogado y doctor en Derecho, Andrés Cruz, dijo que “la verdad es que si hubiese voluntad por parte de los tribunales y voluntad política para hacer efectiva las disposiciones legales que rigen en materia de protección a quienes son propietarios de inmuebles de manera legal, no sería necesario reformar nada”.
Además, Cruz dijo que lamentablemente son las personas que han tratado de cumplir con las normas que deben imperar dentro del Estado de Derecho quienes se ven vulneradas por la “falta de eficacia de la autoridad política y jurídica, en los cuales la Corte de Apelaciones de Concepción -hay muchos otros en otras partes del país-, no hacen cumplir derechamente sus resoluciones”.
“Esto genera desazón en la ciudadanía, le resta credibilidad a la Justicia, a las autoridades y, finalmente, implica que se impone la ‘nomía’; es decir, el que es más fuerte, el más hábil, termina imponiéndose. (…) Como coronario, creo que lamentablemente hay que modificar entonces las normas vigentes porque, aún cuando está claro que la usurpación, tal como un secuestro, son delitos permanentes, y que la autoridad policial tiene la obligación de desalojar a solo requerimiento de las víctimas para impedir que el delito continúe, eso en la práctica, no se materializa”, dijo el abogado Andrés Cruz.