Política

Tercer Dique: el primer paso lo tiene que dar la administración política

Diputado Gastón Saavedra dijo que falta una visión integral de la iniciativa, mientras el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, apuntó a una definición de Estado.

Por: Ángel Rogel 23 de Mayo 2019
Fotografía: Isidoro Valenzuela M.

En mayo de 2007, en medio de la campaña presidencial, el actual jefe de Estado, Sebastián Piñera, estuvo en la provincia de Concepción y consultado por radio Bío Bío manifestó su interés en concretar el proyecto de un tercer dique para Asmar, porque “generaría mucha actividad y empleo”.

Fue el 5 de mayo, el mismo día en que se reunió con el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, y el entonces diputado Jorge Ulloa, en el municipio porteño y reiteró su interés en la iniciativa. Tras la reunión, Piñera dijo que la iniciativa “lleva muchos años pendiente y no se ha hecho nada. Yo quiero, y espero, que ahora tengamos una motivación adicional para poder trabajar con más fuerza”.

Lo anterior, como está dicho, en contexto de campaña y en momentos que la administración de Michelle Bachelet no había tenido un pronunciamiento claro al respecto. De hecho, cuatro días más tarde, en una visita a la Base Naval, la Presidenta Bachelet dijo que el tema no estaba cerrado y que esperaba una evaluación económica de la Dirección de Presupuesto.

Desde entonces, han pasado dos años y, salvo por la insistencia del diputado Gastón Saavedra (PS), poco y nada se ha sabido de la iniciativa.

¿Cuál es el problema? Tal y como lo han manifestado sus propias autoridades, desde la Armada no reviste interés o no constituye una prioridad. Cristhian Lagos, representante de los trabajadores de Asmar, recordó que por ley la empresa le corresponde atender buques de la Armada “y terceros”. El último punto, por cierto, no es prioridad para el entidad uniformada.

El dique flotante que implicaría una inversión de 150 millones de dólares, serviría para atender buques Post Panamax, embarcaciones de grandes dimensiones y que cuentan con pocos lugares de reparación y mantención en el Pacífico.

Pero eso no es todo. Lagos comentó que de enero a la fecha se han rechazado seis buques para reparación, lo que hubiera implicados 600 o 700 mil dólares de ingreso por cada uno, sólo en reparaciones pequeñas. “Un poco más de trabajo, implica un millón de dólares, fácil”, dijo Lagos.

Durante las conmemoraciones del 21 de mayo, el tema volvió al tapete. Así, mientras el Jefe de la Segunda Zona Naval, contraalmirante Carlos Huber, insistió en que la prioridad era la construcción naval, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, enfatizó en que hay definiciones de Estado que van más allá de lo que pudiera opinar la Armada.

El diputado Saavedra, consultado por el tema, recalcó que se requiere una visión integral.

“El gobierno, el Presidente, es quien tiene que tomar una definición sobre esto y las fuerzas armadas tendrán que acatar y ser obedientes como dice la Constitución, porque no podemos estar en un escenario de indefinición de los gobiernos de Chile, pues esto tiene que ver con el desarrollo integral y de largo plazo del país”, sostuvo.

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