VALENTINA ÁLVAREZ HUERTA
Ayudante del DACC y colaboradora del CEE UdeC
Este 2023 se cumplen 50 años desde que las fuerzas militares tomaron el control del país por la fuerza, desplazando al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. En su lugar, se impuso un régimen autoritario que, de acuerdo con las distintas Comisiones de Verdad, habría dejado a un total de 40.175 víctimas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, víctimas de prisión política y tortura. Sin embargo, pese a la contundente evidencia que respalda esta historia, hay quienes niegan o cuestionan la veracidad de estos hechos, lo que constituye una práctica conocida como “Negacionismo”.
Normalmente, el negacionismo es promovido por quienes poseen intereses personales en negar estos crímenes para evitar su persecución legal y proteger su reputación, minimizar su responsabilidad política y legal, o bien, por su pertenencia a ideologías políticas que justifican los crímenes cometidos bajo el régimen dictatorial liderado por Augusto Pinochet. Además, la desinformación y la manipulación de la información por parte de ciertas personas y sectores políticos puede alimentar el negacionismo y confundir al ciudadano común.
Quienes practican el negacionismo justifican su actuar como una forma legítima de libertad de expresión, pero no debe olvidarse que la libertad de expresión se basa en la premisa de que las personas tienen derecho a expresar sus opiniones y creencias, pero no necesariamente garantiza el derecho a difundir información objetivamente falsa de manera deliberada, ni la incitación al odio.
Esta peligrosa práctica tiene consecuencias devastadoras para el orden social. Trivializa el sufrimiento humano, permite la impunidad de quienes cometieron abusos y socava los esfuerzos por reconciliar y sanar heridas profundas en nuestra sociedad. Negar los horrores de la dictadura militar o minimizar el sufrimiento de las víctimas es un acto que va más allá de la ignorancia; es una forma de violencia contra la verdad y la memoria. Y la violencia, dice Arendt, es inherentemente destructiva tanto para la acción política como para la vida en comunidad, puesto que está ligada a la falta de pensamiento y de reflexión.
Es por estas razones que debe combatirse el negacionismo mediante la educación y el fortalecimiento de instituciones que garanticen la rendición de cuentas y la justicia, a fin de evitar que se socave la cohesión social.