Felipe Merino Valenzuela
Licenciado en Derecho UdeC
Ayudante del Centro de Estudios Europeos UdeC

En Chile, la violencia contra profesores dejó de ser un fenómeno excepcional. Estudios recientes y reportes de prensa muestran que las agresiones físicas y psicológicas en establecimientos educacionales se repiten con regularidad, poniendo en riesgo la salud y seguridad de quienes ejercen la docencia. Ya no se trata de hechos aislados, sino de una señal clara del deterioro de las condiciones en que hoy se enseña.

Sin embargo, la violencia no puede entenderse de forma aislada. Ella se inserta en un contexto más amplio de precarización laboral que afecta a profesores y personal no docente. A modo de ejemplo, el SLEP Andalién Costa —encargado de administrar los establecimientos públicos de San Pedro de la Paz, Coronel, Lota y Santa Juana— anunció esta semana el despido de más de 300 profesores, titulares y a contrata, sin fundamentos objetivos ni pedagógicos que expliquen la decisión. Para muchos docentes, el mensaje es claro: ni siquiera la estabilidad formal garantiza protección frente a decisiones arbitrarias.

Las consecuencias están a la vista. En los últimos años, cerca de 23.000 profesores jóvenes han abandonado el sistema educativo, la mayoría dentro de sus primeros cinco años de ejercicio profesional. Esta salida masiva no obedece a una falta de vocación, sino a un entorno laboral marcado por la sobrecarga, la violencia y la escasa protección institucional.

Desde el punto de vista legal, las responsabilidades están definidas. El artículo 184 del Código del Trabajo, aplicable a la labor docente, impone el deber de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores. En el ámbito educativo, ello se traduce en exigencias concretas para establecimientos y SLEP, como la prevención de riesgos laborales, protocolos operativos y respuesta oportuna ante hechos de violencia. La Corte Suprema ha reforzado este criterio, señalando que la falta de medidas preventivas puede generar indemnizaciones a favor de docentes agredidos.

No hay educación posible cuando quienes la sostienen terminan siendo empujados fuera de las aulas. La violencia escolar, la inestabilidad laboral y el incumplimiento de deberes de protección vulneran derechos laborales y vacían de contenido cualquier discurso sobre educación pública de calidad. Cuando el Estado no es capaz de cuidar a quienes enseñan, el problema es de carácter legal e institucional.