Seremi de la Mujer y la Equidad de Género del Biobío
Debemos recordar que cada 19 de diciembre conmemoramos el Día Nacional contra el Femicidio en memoria de Javiera Neira Oportus, una niña de 6 años que fue asesinada por un papá en un contexto de violencia intrafamiliar hacia madre e hija. Este crimen demuestra que la violencia puede expresarse de formas brutales sin distinción de edad.
En la última década nuestro país ha avanzado de manera significativa incorporando nuevas leyes en la materia. La Ley de Femicidio amplió el concepto más allá del ámbito conyugal, reconociendo distintas relaciones de poder y de control. La Ley Gabriela incorporó la violencia de género como una categoría transversal, reconociendo motivaciones de odio y desprecio hacia las mujeres y sus seres queridos. La Ley Antonia, fortaleció el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, incorporando estándares de trato digno y no revictimización, además de tipificar como delitos el suicidio femicida y la inducción al suicidio. A ello se suma la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Femicidio, que reconoce el daño profundo y permanente que este crimen provoca en hijas, hijos y familias, otorgando apoyo económico a víctimas secundarias y fuero laboral y acompañamiento a víctimas de femicidios frustrados. Más recientemente, la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres vino a ordenar y articular estas herramientas, estableciendo obligaciones claras para todos los órganos del Estado, desde la prevención temprana hasta la reparación.
En tiempos donde los discursos de odio y conclusiones apresuradas confunden a la opinión pública, somos enfáticas en decir que es un error y una simplificación peligrosa responsabilizar a un ministerio, o incluso a una ley, por la no disminución inmediata de los casos de femicidio. Las leyes no operan en el vacío, requieren tiempo, recursos, coordinación intersectorial y, sobre todo, un cambio cultural profundo. La violencia contra las mujeres es estructural y multicausal; pretender soluciones rápidas invisibiliza su complejidad y termina debilitando políticas que buscan salvar vidas. Es fundamental reafirmar que la prevención, protección y el acompañamiento de las víctimas de violencia extrema debe ser una política de Estado, no un botín electoral ni una agenda coyuntural. La erradicación de la violencia de género exige continuidad, compromiso transversal y responsabilidad colectiva. Porque cada femicidio no solo es una vida truncada, es un fracaso que como sociedad no podemos seguir tolerando.