Nicolás Díaz Carrillo
Abogado-Colectiva Justicia en Derechos Humanos.

Como es sabido, las bancadas de los diversos partidos políticos no han llegado a un acuerdo definitivo respecto de un nuevo itinerario constituyente. Los obstáculos estarían en la definición del órgano redactor.

A pesar de esto, parece ya cimentada una fórmula “mixta”. Una variante rechazada el 2020 que ahora profundizaría en el protagonismo de expertos apuntados por las fuerzas políticas del Congreso. Algo así como la Mesa Asesora Técnica de la Ley 21.200, pero esta vez aminorando, en número y función, el protagonismo de representantes electos por sufragio universal. Se suma a esto la reticencia respecto de escaños reservados para los pueblos indígenas y la paridad de género. Chile Vamos ha fundado estas posturas en un “no se puede caer en el mismo error de la Convención Constitucional”. Pero, ¿Cuál fue ese error? ¿El carácter técnico de la propuesta de texto constitucional o la legitimidad democrática de la Convención?

Si el rechazo fue sobre el texto y la idea es dar una continuidad al debate constituyente, habría que dejar el maniqueísmo e indagar honestamente sobre qué aspectos de aquella propuesta son de absoluto disgusto y cuáles requerirían una reformulación. Si el rechazo fue sobre la Convención como órgano, ¿Quiere decir por eso que debemos reducir las reglas democráticas para el reemplazo constitucional?
Así lo pretenden algunos. Usar la pericia como un caballo de troya para profundizar el discurso de rechazo a la ciudadanía plural que somos. Usar la indignación con “la política” para precisamente restringir la genuina representación e intervención ciudadana en las decisiones públicas.

Si se apela a una mayor contribución técnica no hagamos como que aquella no hubiere existido todos estos años, de hecho, con contribuciones significativas y presencia en la propia Convención. Si se repite “lo que la gente quiere” pues entonces pongamos el acento en mejorar el diseño participativo, pero no al revés. Qué falló, qué sobró y qué faltó en éste ámbito. En gran medida, aspectos que generaron una desconexión -no prevista- entre el electorado y el órgano redactor: comunicación, sistematización, devolución y seguimiento de la participación.