Rodrigo Castillo Jofré
Abogado- Colectiva Justicia en Derechos Humanos
La discusión pública en nuestro país, convulsa en los últimos meses a partir de una serie de desencuentros sobre la hoja de ruta a seguir, ha mantenido en vilo diversas definiciones indispensables para superar la crisis social y política desencadenada hace algunos años. Falta de diálogo sincero, y el ánimo de sacar provechos y ventajas pasajeras, han profundizado una situación en la cual cuesta, a momentos, ver alguna salida en el horizonte. Es en ese escenario, donde en el fragor del debate se han levantado, desde posiciones de poder y representación pública, discursos y gestos dispuestos a aprovechar el desconcierto, para soslayar e incluso borrar algunos de los acuerdos básicos alcanzados luego de décadas de aprendizajes e importantes acuerdos a nivel social.
Entre las más graves de estas transgresiones, se encuentra el intento por retroceder en materia de garantías e institucionalidad de resguardo de los derechos fundamentales. Esta materia es especialmente sensible en un país en el cual cargamos con un doloroso pasado (remoto y reciente) de vulneración de estos derechos por parte del Estado, y en que, hasta el día de hoy, amplios grupos de la sociedad ven dificultado su pleno ejercicio. Sin ir más lejos, ejemplifica esta intentona la “jugada política” desplegada hace algunas semanas en el Congreso Nacional, en que un sector votó por dejar sin financiamiento a la institucionalidad en materia de memoria y Derechos Humanos, situación afortunadamente revertida en la votación final del presupuesto de la nación. Maniobra mezquina o real convicción de ir en contra de la consagración de los derechos más básicos, lo cierto es que dicha actitud genera un peligroso precedente en el debate público, que debe ser afrontado desde la sociedad civil con una redoblada convicción por educar, discutir y fortalecer la dignidad de las personas y la institucionalidad que la resguarda.
Los problemas en la materia, especialmente luego de las debilidades transversalmente detectadas en nuestra institucionalidad en Derechos Humanos en el último tiempo, hacen indispensable renovar y reforzar el acuerdo social y político en cuanto a su importancia, y buscar, democráticamente, su mejora constante y ampliación del tipo de garantías abordadas. Este compromiso, constituye el primero de los mínimos comunes a construir para la superación de las diversas crisis por las que ha atravesado nuestro país.