Augusto Parra Ahumada
Presidente de la Fundación República en Marcha
La Inversión y la Producción como principio, crecimiento económico como vía insustituible y una distribución justa, eficaz y con sentido social como fin e imperativo ético, constituyen la base para el progreso y una transición al desarrollo y a uno que trascienda al tamaño del PIB, para convertirse en uno integral, inclusivo y sostenible.
La inversión, como principio, para construir este camino hacia el progreso, se requiere reglas claras, estables en el tiempo y que permitan contar con credibilidad y confianza, para planificar inversión y esto es posible cuando contamos con sistemas tributarios eficaces y planificados a largo plazo, Estados eficientes en el manejo de una política fiscal responsable, que mantenga bajas tasas de riesgo y con un control adecuado de los flujos de inversión pública, para controlar la inflación.
En Chile, se hizo una costumbre, hacer reformas tributarias, para resolver emergencias, para financiar programas de gobierno y gastos coyunturales, la actual reforma de modernización tributaria, en trámite legislativo constituía una excepción a esa regla, de hacer reformas gobierno tras gobierno, sólo con los fines antes señalados, sin embargo, las luces de alarma sobre la merma que podía constituir en la recaudación fiscal, la integración del sistema, obligó a ampliar el proyecto, buscando nuevamente parches e impuestos específicos gravando a distintos sectores productivos y de servicios, con el sólo objetivo de cubrir esa merma, para conformar a una oposición obstruccionista y que anunciaba su rechazo ante la sola idea de legislar.
Es hora de construir grandes acuerdos transversales y comenzar a entender que el sistema tributario debe constituir política, con tratamiento de Política de Estado y con una mirada de largo plazo que permita que todos y cada uno de los actores que encabezan los distintos sectores productivos, puedan planificar su inversión en una mirada larga.
No puedo cerrar esta breve reflexión, sin dejar pasar que deplorablemente la propuesta de un 1% de la inversión sobre 10 millones de dólares para las regiones, dividido en 3/3, dejando 1/3 de aporte directo a los gobiernos regionales; 1/3 a las Municipalidades de cada región y 1/3 destinado a un fondo común o compensatorio resulta un lamentable precedente, pues las regiones requieren estímulo y en ningún caso gravamen a la inversión privada en el territorio, atenta contra el principio de la inversión señalado al comienzo de esta columna y resulta francamente irrisorio en cuanto aporte al presupuesto regional, con un impacto muy menor en proporción al Fndr, que resulta el único fondo significativo de definición subnacional, entendiendo que el verdadero problema, radica en la desigualdad y la brutal injusticia territorial y en un centralismo exacerbado. Pues en cifras de la Ocde, el promedio de los países pertenecientes a esta organización, tienen un gasto subnacional sobre el presupuesto del Estado del 31%, mientras Chile sólo el 14,4%, por cuanto una meta razonable es aspirar a equiparar esa proporción y para hacernos una idea si la lógica es que esta propuesta de Ley de Rentas Regionales, busca una recaudación de 177 Millones de dólares, que tiene un impacto prácticamente nulo en estas cifras y que representaría un aporte directo, a los gobiernos regionales del orden de los 2.400 millones de pesos y que con el compensatorio podría promediar alrededor de 4.800 en un buen escenario, considerando hoy Bío Bío tiene un Fndr de 76 mil Ud. comprenderá, que un aporte tan inferior incluso a lo testimonial, en ningún caso justifica el mal precedente de lo que significa afectar a la inversión privada en las regiones.
La descentralización debe pasar a convertirse en una verdadera prioridad estratégica y salir del plano meramente enunciativo y discursivo.
Y es urgente reclamar a la política de trincheras de gobierno y oposición, subir el nivel del debate y comenzar a discutir los temas con la altura y la responsabilidad que ameritan.