Dr. Ricardo Barra
Decano Facultad de Ciencias Ambientales
Centro EULA
Centro CRHIAM
Universidad de Concepción.
Es posible afirmar que la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví es una tragedia que se vuelve a repetir con los años. También que es una demostración del fracaso de los planes de descontaminación y de la política ambiental en su conjunto.
El Estado está implementando los denominados Planes de Recuperación Ambiental y Social (PRAS), pero su efectividad evidentemente queda en cuestión con la ocurrencia de casos tan graves como la intoxicación de más de 300 personas de la vulnerable zona de Quintero y Puchuncavi.
Como es normal, aquí nadie se siente responsable, y en particular las empresas ubicadas en la zona.
En la misma forma que se explicaba la denominada tragedia de los comunes, un dilema descrito por el ecologista estadounidense, Garrett Hardin, y publicado en la revista Science, que describe cómo varios individuos, motivados solo por el interés personal, terminan por destruir un recurso compartido limitado, aunque a ninguno de ellos les convenga, ahora se trata de explicar por qué cuidamos con tan poca atención recursos de uso común como el aire y el agua.
Lo interesante es que cuando ocurren estas emergencias, todas las certezas súbitamente desaparecen, y ni los programas más sofisticados de monitoreo ambiental, ni los expertos, concuerdan en una explicación razonable para el incidente ocurrido.
Este fracaso refleja todo lo que quisiéramos que no ocurriera en la temática ambiental, como la falta de planificación del uso del territorio, el escaso desarrollo tecnológico implementado para una producción más sostenible, o la ausencia de un sistema de monitoreo ambiental robusto y libre de cuestionamientos, entre otras carencias.
Con las cosas así, es sorprendente que la participación de las universidades y centros de conocimiento, sea muy limitada cuando se trata de abordar problemáticas complejas, como lo es la contaminación ambiental. Rara vez las sociedades científicas y los académicos son llamados para enfrentar este tipo de situaciones, que desafortunadamente se están haciendo cada vez más frecuentes.
La impresión que dejan es que la desconfianza que existe en la sociedad chilena, también alcanza a las opiniones que entregan las universidades, y esta desconfianza conspira contra la independencia y la libertad con que la academia históricamente ha entregado opiniones sobre complejas temáticas ambientales.
En ese contexto hoy existe un creciente debate, sobre qué medidas se deberían tomar en este tipo de situaciones. En nuestras clases normalmente se indica que la mejor forma de controlar la contaminación es atacar las fuentes, pues si bien en este caso existe el consenso de que es la actividad industrial la que provoca emisiones contaminantes, de manera que una medida normal de control puede ser justamente detener la actividad productiva, la única medida que se toma es detener las clases.
Esta acción puede ser efectiva si las fuentes son de alguna forma controladas. Sin embargo, como todos sabemos este no fue el caso.
Esto es sin duda una falta bastante grave de la cual tenemos que aprender, sobre todo porque en nuestra Región del Bío Bío tenemos situaciones que de no ser controladas pueden llevarnos a una situación similar.
Nuestra zona tiene las capacidades técnicas y científicas para abordar problemas de esta naturaleza. Sin embargo, son estas las situaciones que abren algunas oportunidades para mejorar nuestra institucionalidad ambiental, y potenciar el aporte que la academia y los centros de investigación ambientales pueden hacer en este proceso.