Independiente del resultado de la votación en el Senado, quedan en tela de juicio, una vez más, las perniciosas vinculaciones entre los negocios privados y la administración del Estado.
Hace una semana, la prensa internacional destacó la aprobación de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera por parte de la Cámara de Diputados. La acción que buscaba responsabilizar el Mandatario dio vuelta al mundo a través de importantes medio, puesto que el acontecimiento podría terminar con la primera destitución de un Presidente en la historia de Chile.
Hoy el tema vuelve a la pauta noticiosa de los medios internacionales tras el rechazo por parte del Senado a la moción acusatoria, al no alcanzar los 29 votos necesarios. Habrá que revisar la documentación sobre la materia, pero es probable que el actual Mandatario concentre el mayor número de acusaciones constitucionales desde los inicios de la República. A la luz de la historia, la acusación no ha sido una herramienta utilizada con frecuencia en la institucionalidad chilena.
Ayer el Senado dedicó una larga jornada para calificar y votar la acusación en contra de Sebastián Piñera en dos partes: la acusación por “haber infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad” y, en segundo lugar, “por comprometer gravemente el honor de la Nación”.
Independiente de la resolución del Senado, el caso tiene una arista penal. Es decir, a la acusación constitucional se sumó una investigación de la Fiscalía sobre una operación comercial que involucra al Presidente, la Minera Dominga y el traspaso de importantes recursos a las Islas Vírgenes Británicas, considerada como uno de los paraísos fiscales del mundo.
Con el resultado de la votación en el Senado quedó en evidencia la compleja situación política del actual Gobierno y la dificultad de la oposición en acreditar las acusaciones. No hubo suficientes argumentos para aprobar el libelo acusatorio. Si hubo suficientes evidencias, entonces el resultado solo se explicaría por una defensa cerrada a la figura del Mandatario, sin ninguna consideración a las acusaciones que se le imputan. Es probable que la sesión del Senado sea el último gran juicio político que se realiza sobre el actual Gobierno, que tiene pocos meses por delante. Independiente del resultado de la votación en el Senado, quedan en tela de juicio, una vez más, las perniciosas vinculaciones entre los negocios privados y la administración del Estado.