Es responsabilidad del Congreso revisar la acusación, puesto que se trata del ejercicio de una facultad democrática e institucional de la Cámara y del Senado.
El próximo martes 16, a partir de las 9 horas, la Sala del Senado analizará la acusación constitucional presentada en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera. Esa fue la decisión adoptada por el órgano legislativo luego del oficio enviado por la Cámara de Diputadas y Diputados en que se informa la admisibilidad de la acusación. La Cámara aprobó la admisibilidad después de una maratónica sesión de casi 22 horas continuas.
Es posible que también en el Senado la materia se extienda por una larga jornada. Se acordó realizar una sesión de 9 a 13:30 horas y otra desde las 15 horas y hasta el total despacho de la materia. La sesión de la mañana estará dedicada a los argumentos de acusación y defensa del Presidente. En tanto, la sesión de la tarde estará destinada por completo para que los senadores y las senadoras fundamenten su voto hasta por un total de 15 minutos cada uno. Si cada legislador y legisladora utiliza sus 15 minutos, la jornada de argumentación tendrá una duración mínima de 10 horas. Luego de eso, una vez finalizados los argumentos, se procederá a votar separadamente los dos capítulos de la acusación: uno por “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y el otro por “haber comprometido gravemente el honor de la nación”, en el caso vinculado a la Minera Dominga.
El análisis de la acusación constitucional marcará la jornada del martes en el calendario político del país. Hay quienes han manifestado que se trata de un mero juego que no busca más que debilitar las instituciones. Otros sostienen que se trata de una materia de suma importancia, dado que las acusaciones involucran a la más alta autoridad del país y, por ende, no se puede pasar por alto.
De hecho es responsabilidad del Congreso revisar la acusación. Es el ejercicio de una facultad democrática e institucional de la Cámara y del Senado. Es importante tenerlo en cuenta para no crear ni profundizar una crisis política y/o institucional que el país definitivamente no la necesita. El análisis del Congreso a la acusación definirá el futuro político del Presidente. Al ser considerado inocente seguirá en el cargo. Si los parlamentarios votan por la condena deberá ser destituido del cargo. En ambos casos, el Congreso actúa como defensor último de la supremacía constitucional.