Editorial

La indispensable transparencia de la gestión de las comunas

Por: Editorial Diario Concepción | 31 de Octubre 2018
Fotografía: Contexto | Archivo La Tercera

Por mucho que se recurra a toda suerte de argumentaciones- además de la renuencia a conceder determinados grados de autonomía- , detrás de la resistencia más bien sorda a la descentralización, hay una inconfesa desconfianza en el adecuado uso de los recursos por las autoridades regionales, o peor todavía, de la posibilidad de procedimientos desprolijos o corruptos, de tal manera que la atención está puesta en el accionar de los municipios, entre otras estructuras al nivel local.

No faltan las oportunidades, valederas o no, para hacer notar estas posibilidades, por ejemplo, en el reciente caso de las acusaciones ante Contraloría por presuntas faltas a la probidad una alcaldesa de una comuna en el sector sur poniente de la ciudad de Santiago, que se transforma en un motivo para llamar la atención sobre la transparencia en la gestión municipal.

La preocupación se explica por las indicaciones del Observatorio Anticorrupción, un organismo que monitorea la situación de las medidas impulsadas por la Comisión Engel, señalando que son estas instituciones las que presentan más retraso, con un nivel de cumplimiento de 34% y una nota 2,4, descrito como avance más bien modesto, que permite la existencia de sectores de opacidad en la gestión municipal, situación que podría entregar réditos políticos al gobierno central.

La fragilidad de las instituciones se pone a prueba ante la disponibilidad de recursos, ya que no siempre son empleados para atender a necesidades prioritarias para la ciudadanía, sino más bien para otro tipo de propósitos, una posibilidad que se ha visibilizado en el estudio ”Ciclos presupuestarios políticos indirectos: evidencia de los municipios chilenos”, publicado en el Journal of the European Economic Association, 2018. … “Indirect Political Budget Cycles: Evidence from Chilean Municipalities”, por A. Corvalán, P. Cox y R. Osorio.

En esta publicación se sostiene que cuando los gobiernos locales dependen de los recursos nacionales, el gobierno central puede tener incentivos para manipular las transferencias intergubernamentales para favorecer a los alcaldes políticamente alineados, con el fin de utilizar su ayuda para movilizar a los votantes en las próximas elecciones nacionales, así, por ejemplo, los traspasos monetarios hacia los municipios aumentan en años de elección municipal.

En razón de este tipo de situaciones, es correcta la iniciativa gubernamental de enviar un proyecto de ley para mejorar los estándares de probidad a nivel municipal y regional. Es esta nueva legislación se contempla aumentar el número de cargos elegidos por Alta Dirección Pública, mejores estándares de transparencia en licitaciones y compras públicas, así como los nuevos mecanismos de remoción de autoridades por falta a la probidad o abandono de deberes, entre otras disposiciones.

Sin perjuicio de lo anterior, las municipalidades tienen el desafío de la transparencia, de una indudable rectitud de procedimientos. En la misma línea, debe asegurarse la existencia de unidades de control y fiscalización de procesos y adquisiciones, como puede ser en el esquema de Chile Compras, no sólo como una muestra administrativa de buenas prácticas, sino para salir al paso de un argumento omnipresente ante las propuestas de mayor delegación de funciones y recursos a las regiones, en el reptante y renuente proceso de descentralización.

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