A juzgar por las prioridades objetivas, es decir esas que se visibilizan por mucho que la retórica declare otras convenientes cosas, la descentralización no está en las listas de lo que importa, incluso si aparece en los mensajes presidenciales, no debería colegirse, por ese solo hecho, que hay avances dignos de mención, justamente porque lo que está haciendo falta, hace muchos años. es que los hechos reemplacen a las declaraciones.
Es relativamente fácil encontrar una explicación a la lentitud y falta de sinceramiento sobre la importancia de este cambio, basta con observar que ningún partido mayor en el espectro político ha tomado este asunto como uno de sus objetivos prioritarios. En el primer análisis, resulta obvio que actuar decididamente en esa dirección implica la disposición de la élite política, actuando cómodamente, como un club exclusivo en el centro del poder de la República, a ceder parte de esos privilegios, compartir poder de decisión, cuando parece tan redituable tener a las regiones reducidas a comités consultivos.
Hay pocos temas tan transversales y que conciten tanto apoyo como la lucha contra el centralismo, la diferencia está en que para las regiones esta es una condición inseparable de la concepción de crecimiento equitativo de la nación y para la estructura de gobierno es una suerte de eslogan que puede ostentarse cada vez a que haga falta un poco de popularidad adicional, el equivalente a envolverse los gobiernos en las banderas del nacionalismo en países con problemas internos.
No se trata de desconocer los pasos dados por el gobierno anterior, es evidente que se haya dado pasos importantes a través de la elección de gobernadores regionales y el traspaso de competencias desde el gobierno central a las regiones, lo que no es igualmente evidente es que esas iniciativas tengan efectos concretos, que sean algo más que cambios de superficie, que en el fondo dejan las cosas poco menos que como están, aunque con apariencia de cambio estructural.
Se ha comentado en muchas instancias que hay en este proceso un notorio doble estándar de gran parte de la clase política, que dice estar a favor de la descentralización, pero que cuando debe actuar lo evita. Es entonces posible que la primera elección de gobernadores regionales del año 2020 y el traspaso de competencias no serán lo que espera la ciudadanía de regiones. Si no se realiza las adecuadas modificaciones en el marco legal, quien reúna el poder y los recursos puede ser, no el gobernador regional electo sino el delegado presidencial regional, dependiente y obediente del Ejecutivo.
El gobierno saliente no alcanzó a enviar el proyecto de ley sobre rentas regionales, dejando esta situación, indispensable para una descentralización creíble, en manos del actual gobierno, el año 2020 no es una fecha lejana, si se piensa en los tiempos que toman los acuerdos políticos, sobre todo si se trata se dinero o poder, una ley de rentas regionales es la herramientas de un gobierno regional efectivo, sin ese aspecto dilucidado casi todo el resto son juegos de abalorios, o cortinas de humo, no el cambio que Chile necesita para ocupar eficientemente todo su potencial de regiones.
Está en manos de nuestras autoridades y parlamentarios regionales dar muestras concretas de su compromiso con esta idea, que en la campaña presidencial fue señalada como prioritaria.