A otras limitaciones obvias, como resultado de discapacidades, las personas que las tienen se enfrentan, además a su inserción en la sociedad en igualdad de derechos, aunque no sea en igualdad de condiciones. La sociedad chilena ha sido descrita, con justicia, como discriminatoria y clasista, posiblemente por su desarrollo histórico, con una separación abismal entre la clase pudiente, una burguesía acomodada y europeizada y el resto de los pobladores de Chile, especialmente el campesinado, en una insalvable separación, no solo en medios, sino en cultura y lengua, una brecha todavía visible, aunque subyacente.
De acuerdo al II Estudio Nacional de la Discapacidad el 16,7% de la población de 2 y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir 2 millones 836 mil 818 personas. En tanto, el 20% de la población adulta está en situación de discapacidad (2.606.914 personas) y el 5,8% de la población de 2a 17 años se encuentra en situación de discapacidad, es decir 229.904 personas, mientras que el grupo de mayor prevalencia, considerando la población de 2 y más años, corresponde a las personas de 60 años y más con un 38,3%. En términos generales, los resultados del estudio muestran que la situación de discapacidad está estrechamente relacionada con el envejecimiento de las personas y su nivel de ingreso y afecta en mayor proporción a las mujeres.
La discapacidad es un concepto dinámico, que vincula el estado de salud de las personas con la existencia de un conjunto de circunstancias, actitudinales y ambientales, que determina restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. Así, la discapacidad no se concibe como una condición, sino más bien como una realidad en la cual cada persona tiene su propias limitaciones y en relación con ellas, diferentes desempeños gracias a las adaptaciones y ayudas con que cuentan, de tal manera que una condición similar puede tener perfiles diferentes según la posibilidad de ayudas técnicas, medicamento o apoyos o la asistencia de otras personas, más una pléyade de otros factores medioambientales, por ejemplo; infraestructura urbana y de transporte.
A esta realidad, que afecta muy diferencialmente a las personas discapacitadas, por los factores antedichos, se agrega las variables de la inserción, no solo en la sociedad en general, sino en el mundo del trabajo. En Chile, de 10 personas en situación de discapacidad, menos de cuatro tiene empleo. La nueva ley de inclusión, que fija la cuota de un mínimo 1% de trabajadores en las empresas, toca solo periféricamente esta realidad, ya que más que cuotas, lo que hace falta es una cultura de inclusividad.
Un personero de la Comisión de discapacidad de la Sofofa anticipa la generación de otros problemas, ya que al no haber una adecuada cultura de aceptación de la discapacidad, sobre todo en determinados ambientes laborales de relativo menor perfil educacional, pueden presentarse situaciones negativas, desde bullying a sobre protección, en cualquier caso, dificultades para la real y digna integración de la persona discapacitada en su rol activo como trabajador.
Lo que sí es evidente, con innumerables testimonios, es el excelente desempeño de las personas con alguna discapacidad, en tareas que les sean compatibles, por su actitud, eficiencia y responsabilidad con su labor, conscientes, posiblemente, que están estableciendo un necesario precedente.