Internado Nacional Barros Arana (Inba) sufrió daños por más de $400 millones y pérdidas de patrimonio antiguo. Esa sola relación es elocuente sobre el actuar de los estudiantes y lo confuso que resultan los medios para acercarse a sus objetivos.
Las minorías silenciosas siempre han tenido el riesgo de ser sobrepasadas por las minorías violentas y destructoras, pagando las consecuencias de callar o hacerse un lado, cuando éstas últimas se apoderan de los espacios de todos. Se observa en las calles, es visible en las tomas de los colegios, grupos pequeños que muestran nulo respeto por todo el resto, o por el bien común.
El espectáculo es ya lamentablemente familiar, apilados sobre las puertas y las rejas de los colegios, están los pupitres y sillas de los alumnos, como barrera que establece un autoproclamado territorio tomado, que se supone les deja fuera de la acción de la ley, que si se les aplicara, en su curiosa interpretación, sería una clara transgresión a sus derechos, poco menos que violencia de Estado.
Como suele suceder, la proverbial gota que colma el vaso se alcanza cuando el abuso supera la indiferencia ante el daño repetido, como ha sido la toma que ocasionó las pérdidas más cuantiosas de su historia al Internado Nacional Barros Arana (Inba), en la capital, con daños calculados en más de $400 millones y pérdida de patrimonio: archivos, cuadros, entre ellos, un retrato de Barros Arana, entre otras cosas. Esa sola relación es elocuente con respecto al actuar de los estudiantes y lo confuso que resultan los medios para acercarse a sus metas, de qué modo esto apunta al mejoramiento de la calidad de la educación.
Esta vez hubo una diferencia, la querellas que presentaron la intendencia Regional Metropolitana y la municipalidad de Santiago contra 19 estudiantes que fueron detenidos en la toma y la declaración del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, "que esta vez aquí no pagará Moya", y que se pedirá a los padres responsabilizarse de los actos de sus hijos, una demanda civil ante el Consejo de Defensa del Estado.
Esta situación ha motivado a una periodista y escritora, Lilian Olivares, a una indagación sobre las circunstancias que operan en las familias de los alumnos demandados mediante visita a sus domicilios. En publicación en un medio capitalino, resume el perfil de los involucrados; hijos que no aceptan críticas, ausencia o lejanía de padres y madres que creen en la versión de los estudiantes, problemas socioeconómicos, abandono, problemas graves de salud de alguno de los padres, e incluso una eventual mala influencia de algunos profesores.
Hay entonces, además del comportamiento de los estudiantes, cuyas responsabilidades tendrán que establecerse, una preocupante ilegítima influencia de algunos profesores en el Inba, una situación que según uno de los abogados encargados del caso, es conocida por los alumnos, muchos de los cuales no la juzgan negativamente, aunque para los apoderados está claro que allí radica uno de los orígenes de esta situación.
Por otra parte, ha quedado en evidencia que en muchos casos hay falta de presencia familiar, en varios de los alumnos querellados, y muy posiblemente en otros tantos que no se encuentran en este grupo, pero que igualmente sufren de la desaplicación y compromiso de sus padres, quienes pueden llegar a desconocerlos como personas en construcción. Se trata de un problema sobre el cual debería haber una profunda reflexión en el seno de todas las familias.