El proyecto contempla el subsidio estatal al pie para viviendas de hasta 6.000 UF y la creación del Fondo Nacional para la Vivienda.
Lo que debes saber
Es un proyecto de ley que combina mecanismos directos de apoyo habitacional con medidas para dinamizar la economía nacional. Busca incentivar el ahorro, potenciar el mercado bursátil, facilitar el financiamiento empresarial y posicionar a Chile como un centro financiero regional.
Beneficia directamente a las familias que buscan comprar su primera vivienda permitiéndoles acceder a créditos hipotecarios con menores tasas de interés. A través de subsidios y bonos estatales al ahorro, el Estado financiará una parte del pie exigido por los bancos.
Fomenta la reactivación económica mediante el reimpulso de la construcción, el sector inmobiliario y las pymes locales. Esto generará nuevas oportunidades de empleo, dinamizando la actividad en las distintas regiones del país para mejorar la calidad de vida.
El Gobierno presentó el proyecto de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, iniciativa que combina mecanismos directos de apoyo al acceso habitacional con herramientas orientadas a potenciar el ahorro, fomentar el mercado bursátil y posicionar a Chile como un centro financiero regional.
La propuesta fue valorada de manera positiva por gremios del Biobío, los que resaltaron el efecto dinamizador sobre la construcción y el sector inmobiliario, entre otros.
El proyecto de ley aborda la problemática habitacional a través de dos mecanismos centrales. Uno es el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi): instrumento administrado por BancoEstado que contará con un aporte fiscal de hasta US$ 2.000 millones (iniciando con US$ 500 millones). El fondo adquirirá operaciones de crédito mediante mecanismos competitivos para viviendas de hasta 6.000 UF.
Un segundo eje es el ahorro voluntario para la vivienda (AVV): exige un ahorro constante durante al menos 30 meses (7 % del inmueble) para recibir la bonificación estatal del 3 %. A esto se suma el incremento del tope de la bonificación fiscal del Régimen A del APV, que pasa de 6 a 8 UTM anuales.
Foto: Carolina Echagüe
En materia bursátil y de financiamiento empresarial, la reforma simplifica los requisitos para la emisión de bonos, elimina la retención del 4 % sobre intereses y flexibiliza el régimen tributario para la venta de acciones en pymes. Asimismo, crea el “Segmento Junior” en la Bolsa de Comercio para empresas de innovación y exploración minera con un crédito tributario del 35 %, e introduce mejoras operativas como el registro automático de acciones en un día hábil y la exención de IVA a la exportación de servicios de gestión.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción, el presidente del Comité Inmobiliario, Sergio Jara, comentó que “representa un cambio muy importante para miles de familias que sueñan con su casa propia, pero que hoy no logran reunir el pie o enfrentan dividendos demasiado altos. La propuesta aborda justamente esas barreras, generando mejores condiciones para los créditos e incentivando el ahorro“.
Jara recordó además los efectos de medidas reactivadoras previas impulsadas por el Ejecutivo, como el subsidio a la tasa de Crédito Hipotecario, el Fondo de Garantías Estatales (Fogaes) y el beneficio del IVA a la construcción. “En el Gran Concepción nos podremos beneficiar con cerca de 1.250 unidades gracias a la ampliación del subsidio a viviendas de hasta 6.000 UF, lo que representa cerca del 20 % de la oferta disponible en el mercado actual”, precisó.
Desde la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC) Biobío, su gerente, Cristóbal Herrera, expresó que “desde el sector productivo regional vemos en este proyecto de ley una señal en la dirección correcta para reimpulsar el dinamismo económico y la competitividad nacional. La combinación de herramientas para facilitar el pie hipotecario como el fondo Fonavi y los estímulos al ahorro, junto con mecanismos más ágiles de financiamiento para empresas medianas vía minibonos o el segmento junior bursátil, son acciones concretas que sin duda son beneficiosas para competir con otros países en la atracción de inversiones como Uruguay”.
Herrera apuntó también a que el proyecto “es una señal necesaria de traer capital, pero el mercado de capitales no solo resuelve el financiamiento de nuestras pymes forestales, las pesqueras ni las agrícolas. Ahí seguimos esperando el fondo de garantía estatal permanente que la Región pide hace muchos meses; que esta reforma sea el primer paso, pero que no sea el único”, afirmó.
Desde el gremio empresarial añadieron: “Pedimos a nuestros diputados y senadores la celeridad en la tramitación y una mirada descentralizada para asegurar que los fondos de inversión y la fluidez crediticia impacten con fuerza en todas las regiones de Chile y en especial en la Región del Biobío”.
Alejandro Casagrande, presidente de Corma Biobío y Ñuble, acotó que “para Biobío y Ñuble, lo más relevante de la reforma “Casa Propia” es que puede contribuir a acelerar el acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, transformarse en un importante motor de reactivación económica y generación de empleo regional”.
Desde Corma Biobío y Ñuble valoraron especialmente que se avance en reducir las trabas y agilizar los procesos de construcción. “Hoy muchas familias no tienen casa propia y, especialmente para los jóvenes que están comenzando su vida, acceder a una vivienda se ha vuelto muy difícil, obligándolos muchas veces a postergar ese anhelo o permanecer arrendando”.
Casagrande destacó también que “nuestra región tiene además una oportunidad concreta en la construcción en madera, donde contamos con capacidades industriales, empresas y pymes que pueden aportar soluciones habitacionales de calidad, sustentables y de rápida ejecución”.
El seremi de Hacienda del Biobío, Ronald Ruf, explicó que en la Región existen familias con ingresos suficientes para pagar un dividendo, pero que no logran reunir el pie exigido por la banca. “La reforma “Casa Propia” busca hacerse cargo de esa realidad. Para comprar una primera vivienda, nueva o usada, de hasta 6.000 UF, la persona deberá ahorrar durante al menos 30 meses hasta reunir el 7 % de su valor, mientras que el Estado aportará el 3 % restante para completar el 10 % que exige la banca“, detalló.
Para graficar el impacto, la autoridad puso un ejemplo práctico: “Si una vivienda cuesta 4.000 UF (alrededor de $164 millones), el pie del 10 % será financiado con $11,5 millones del comprador y $4,9 millones del Estado. En consecuencia, un tercio del pie lo aportará el Estado y, adicionalmente, se creará un mecanismo para que los bancos ofrezcan créditos a menores tasas”.
Ruf subrayó que esto representa una oportunidad concreta para acelerar el acceso a la vivienda en la zona, impulsando, además, la inversión y el empleo. “Este es un proyecto de ley que inicia su tramitación legislativa y que viene a complementar, no a reemplazar, las políticas y subsidios habitacionales existentes”, aclaró.