El combustible podría acercarse nuevamente a los $1.500 por litro. Gremios piden medidas para enfrentar el incremento.
•El diésel registró un aumento estimado de entre $90 y $100 por litro, que se suma al incremento de $97 aplicado el pasado 20 de agosto.
•Camioneros, conductores y empresarios del Biobío advirtieron una mayor presión sobre los costos, la continuidad de las operaciones y la competitividad regional.
El nuevo aumento del diésel comenzó a regir este jueves 10 de septiembre en Chile y encendió las alertas entre representantes del transporte de carga y el sector empresarial del Biobío.
El ajuste, estimado entre $90 y $100 por litro, se suma al incremento de $97 aplicado el 20 de agosto. Los gremios advierten que el combustible volverá a acercarse a un rango de entre $1.400 y $1.500 por litro.
El presidente de la Confederación de Camioneros Centro Sur de Chile, Freddy Martínez, señaló que asociaciones desde la Región Metropolitana hasta Magallanes analizaron el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
A su juicio, el incremento deja al sector cerca del nivel alcanzado tras el ajuste de marzo.
Martínez sostuvo que pequeños y medianos transportistas están perdiendo capacidad para operar, debido a que sus ingresos ya no cubren los costos.
“Hay muchos colegas, sobre todo los más pequeños y medianos, que están dejando de poder girar producto de que ya no les da la línea de las utilidades o pérdidas”, afirmó.

Isidoro Valenzuela.
El dirigente indicó que presentaron propuestas a Hacienda para aliviar la situación financiera de las empresas. Entre ellas mencionó revisar la carga asociada al impuesto específico, la doble tributación que denuncia el sector y el peso de los peajes dentro de sus costos directos.
“Nosotros creemos que debe abrirse el Ministerio de Hacienda a estudiar estas posibilidades, porque esto se va a transformar en una crisis social, en desempleo para nuestra gente, lo que le hace mal al país y a la cadena logística”, advirtió.
Agregó que los camioneros están en “alerta máxima” y esperan respuestas antes de una segunda alza que, según aseguró, fue anticipada para los próximos 21 días.
El vocero regional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, José Coronado, afirmó que el impacto depende de la extensión de cada recorrido. Las líneas más cortas del Gran Concepción consumen menos combustible, pero también recaudan menos, mientras que los servicios más extensos enfrentan un gasto superior.
Coronado estimó que en estas últimas operaciones el combustible puede absorber entre el 80% y el 90% de la recaudación.
“Generalmente estas líneas se mantienen muy al filo con los números azules y los conductores tienen que esforzarse en jornadas largas para tratar de hacer una recaudación que deje un poco de utilidad”, aseguró.
Añadió que los buses también necesitan aceites, aditivos y mantenciones, especialmente cuando existen motores con mayor desgaste. Esos desembolsos se agregan al diésel y reducen el margen disponible para propietarios y conductores.
El vocero calculó que el combustible acumula un alza cercana al 60% frente a los valores anteriores al denominado “bencinazo”, cuando se ubicaba en torno a $900 por litro. La incertidumbre, dijo, está en cómo compensar el incremento si las tarifas de los recorridos no suben.
“Como el Gobierno no quiere que esto ocurra, esta incertidumbre hace que la gente esté en alerta”, manifestó Coronado. A su juicio, al tratarse de una actividad privada, el mayor costo normalmente debería reflejarse en el valor del pasaje.
El gerente general de CPC Biobío, Cristóbal Herrera, expresó preocupación por el reajuste en medio de indicadores como el desempleo regional, el Índice de Precios al Consumidor y el Informe de Política Monetaria.
“Biobío mueve al país a través de sus carreteras y sus puertos. Un aumento de esta magnitud en el combustible impacta de forma inmediata en la estructura de costos”, afirmó.
Herrera estimó que el diésel representa entre el 35% y el 40% del costo operativo del transporte de carga. En su análisis, el escenario geopolítico dificulta que las empresas mantengan sus presupuestos y operen de manera sostenible, con eventuales efectos sobre la competitividad regional.