Economista advierte que penas de cárcel podrían anular el positivo efecto de la delación compensada que opera hoy y que ha permitido detectar nuevos casos de colusión tras el caso farmacias.
El Gobierno presentó una nueva agenda, esta vez, centrada en los abusos de índole económico a gran escala, como lo son la evasión tributaria y la colusión, entre otros. Es uno de los temas más sentidos por parte de los consumidores.
El economista de la UDD, Carlos Smith, reconoció que las personas sienten que los costos asociados son bajos y el coludirse o atentar contra la libre competencia es un buen “negocio”.
“Existen otras prácticas que van en sentido contrario a la libre competencia que también deberían sancionarse con más fuerza. Quizás el tipo de legislación como la de EE.UU. podría venir a no tolerar los acuerdos de precios, donde son considerados ilegales y la sola intención de hacerlo es penada por la legislación. Sin embargo, el probar la intención no es nada de fácil”.
Respecto a los efectos de aplicar pena de cárcel para los que se involucran en casos como estos, Smith dijo que es discutible, ya que por una parte se argumenta que para los que cometen delitos de cuello y corbata, el costo social asociado de ir a la cárcel es mayor que para otros delitos. En ese sentido, la posibilidad de que eso suceda, inhibiría la conducta. Consideremos que nuestra legislación tuvo la pena de cárcel por mucho tiempo, sin embargo fue eliminada. La razón es que, luego del caso Farmacias, se modificó la ley y se incorporó la delación compensada, además de darle a la FNE más atribuciones de ingreso e incautación.
“La delación compensada es como un “bichito” que se introduce en los acuerdos colusorios, ya que se aplican ciertos “beneficios” para el primero que confiesa estar en una colusión. Así, provoca un alto nivel de desconfianza que termina por destruir los acuerdos. Esa es una de las razones por las que hemos sabido de otros casos estos últimos años. Es en este sentido, que las penas de cárcel para los involucrados podrían desincentivar a que se auto denuncien, ya que está esa posibilidad, lo cual haría que costará aún más descubrirlos”.
Por su parte, el director de Ingeniería Comercial de la USS, Luis Felipe Slier, expresó que los esfuerzos debieran centrarse en transparentar primero quiénes se han beneficiado por condonaciones, rebajas u otro beneficio que es percibido que se otorga sólo a aquel que tiene mayor acceso a distintos círculos de poder.
“Debemos otorgar más transparencia en el mercado de compras públicas. Que sepamos quiénes son los dueños de las empresas con las cuales el Estado realiza negocios. También avanzar en que el Estado rinda cuentas (acountability) de sus ingresos y sus gastos. Las cuentas públicas debiesen avanzar en indicar cuáles fueron los ingresos del Estado y en qué fueron gastados para un año determinado y en detalle para quienes lo quieran analizar. Y avanzar en modernizar la gestión del Estado y conocer efectivamente en qué se gasta el dinero de todos los contribuyentes”.