Actualmente, son la flota más importante que extrae y distribuye este recurso en Chile. El diputado Jorge Brito Hasbún ha dicho que el objetivo es eliminar el arrastre como con la jibia, ante lo cual los industriales discrepan.
Son días intensos y preocupantes en PacificBlu. La entrada en vigencia de la Ley de la Jibia fue un duro golpe tras el portazo a la prórroga de 24 meses en la Cámara de Diputados. Fue en esa misma votación cuando el diputado Jorge Brito Hasbún adelantó que se trabaja en la presentación de una normativa similar, pero esta vez para la merluza.
Días antes, la empresa liderada por el gerente general, Marcel Moenne, anunciaba el cierre de una planta más el despido de 367 personas, sin contar con el impacto indirecto, por lo que podría ser más profundo.
Entonces, los anuncios del parlamentario se sintieron como una ola furiosa que rompe en los roqueríos, salpicando preocupación a los otros 700 trabajadores, dos barcos y dos plantas que siguen a flote gracias a la merluza.
Moenne, con datos proyectados en la pared, explicó que una iniciativa como esta, de ser presentada y aprobada, es arrinconarlos con una espada.
“Terminó la jibia y nos quitaron casi la mitad de la empresa. Hoy la merluza paga un impuesto específico del 10% del precio del producto final congelado en la exportación. Entonces, nos dejaron en una posición frágil económicamente. Cuesta mucho”.
Y aquí la proyección más preocupante. “Ahora, si no nos dejan pescar merluza, la otra mitad de la empresa, con los empleos que quedan, se terminan”, aseveró Moenne.
Es por ello que espera que de alguna forma los parlamentarios se informen y “entiendan” sus argumentos de fondo: que en todos los países del mundo donde se extrae se usa el arrastre por razones técnicas (tanto en Perú, Estados Unidos, Canadá, entre otros), que el impacto en la fauna acompañante es uno de los mejores del mundo y que el destino final para la demanda interna es el consumo humano, por lo que actualmente no son sólo la compañía más importante que trabaja con la merluza en el país, sino que también son mayor el mayor proveedor.
“Gracias a una alianza con Cial Alimentos, nuestra marca el Golfo distribuye tanto a supermercados importantes como también a otros 40 mil almacenes y ferias libres”, destacó Moenne.
Y no tan sólo eso. La firma logró firmar un convenio con Junaeb para que los alumnos puedan comer nuggets de merluza en reemplazo del pangasius, ejemplar de Vietnam que no tuvo aceptación.
Cabe recordar que el diputado Jorge Brito Hasbún estaba “buscando la mayor transversalidad posible para ingresarlo al Parlamento”, lo que tuvo eco en el sector artesanal. “Me parece que la propuesta de Brito es interesante y va en la línea correcta de cuidar los recursos pesqueros”, dijo hace unos días a Diario Concepción el representante de Condepp, Hernán Cortés.
Todo esto motivó que también el gremio de la industria pesquera compuesta por Asipes reaccionara: “Está comprobado que el arte de arrastre no es el responsable del estado de la merluza común. Este sistema de pesca se utiliza para capturar el 80% de los recursos que van a consumo humano y lo que se ha hecho es mejorar la tecnología, efectividad y selectividad de las capturas, disminuyendo al máximo la interacción con el fondo marino”.
En el mundo la regulación del arrastre se busca resguardar la sustentabilidad de los recursos y proteger los ecosistemas marinos vulnerables, sin eliminar el arrastre como método de captura. Actualmente, las pesquerías asociadas al arrastre para langostinos y crustáceos están certificadas y en Chile están desde el año 2015 protegidos por ley los Ecosistemas Marinos Vulnerables. Los únicos países del mundo que han prohibido el arrastre son Venezuela y Cuba”.
El gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, subrayó: “El valor agregado y el abastecimiento regular sólo lo podemos dar nosotros. Sin la merluza se acaba el partido”, quien también ha explicado la importancia de este producto ante la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, en el marco de la discusión de la denominada Ley Corta de Pesca, la que se está en trámite constitucional.