Establece criterios diferenciados para calcular la densidad habitacional en sectores próximos a determinadas infraestructuras de transporte y permite aumentos de constructibilidad y altura para proyectos que cumplan condiciones específicas.
Lo que debes saber
•El Decreto 68 permite aumentos de altura y constructibilidad bajo condiciones específicas, lo que genera cuestionamientos de organizaciones de pobladores.
•Los comités también reclaman por financiamiento y compra de terrenos, mientras el Minvu defiende la actualización normativa y plantea mantener el diálogo.
El aumento de la densidad habitacional y la posibilidad de construir edificios más altos en determinados sectores son parte de los cambios que introduce el Decreto Supremo 68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), normativa que ha generado reparos entre organizaciones de pobladores del Biobío.
Los dirigentes advierten posibles efectos en los barrios, la infraestructura urbana y la calidad de vida, mientras que el Ministerio sostiene que las modificaciones buscan actualizar las normas de construcción y facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales.
Entre sus disposiciones, establece criterios diferenciados para calcular la densidad habitacional en sectores próximos a determinadas infraestructuras de transporte y permite aumentos de constructibilidad y altura para proyectos que cumplan condiciones específicas.
La normativa también contempla medidas para agilizar proyectos de reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes.
Uno de los puntos centrales es la aplicación de un coeficiente de 1,4 habitantes por vivienda para determinados proyectos cercanos a estaciones de tren, metro o infraestructura similar, así como a vías expresas y troncales.
Además, en ciertas condiciones, se permite superar hasta en un 75% el coeficiente de constructibilidad y hasta en un 50% la altura máxima establecida por el plan regulador respectivo.
Estas posibilidades están sujetas a requisitos definidos en la normativa y no se aplican automáticamente a todas las construcciones.
Ronald Valenzuela, dirigente de la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras y coordinador de los comités de Concepción, cuestionó que los cambios puedan favorecer una mayor concentración de viviendas en terrenos acotados.
Según su interpretación, esto podría facilitar la construcción de edificios de mayor altura en sectores con buena conectividad, generando lo que denominó “guetos verticales”.
Para ejemplificar sus reparos, señaló que en una hectárea donde anteriormente se proyectaban unas 350 viviendas, considerando una población de 1.400 personas y cuatro integrantes por hogar, se podría llegar a alrededor de mil unidades. A su juicio, este escenario reduciría el espacio disponible y afectaría las condiciones de vida de quienes habitan esos sectores.
Valenzuela también sostuvo que la normativa debilitaría el rol de los municipios y sus planes reguladores en la planificación territorial.
Por ello, la federación pide derogar el decreto, revisar el factor 1,4 e incorporar observaciones que, afirmó, han presentado el Colegio de Arquitectos y distintas municipalidades del país.
Las preocupaciones también apuntan a la capacidad de los servicios básicos para responder a un aumento de población.
Jaime Osa, presidente del Comité Sandra Oliva 2 de Concepción, advirtió sobre posibles efectos en el alcantarillado, la evacuación de aguas lluvias, el transporte y la infraestructura vial.
“Es un decreto que está pensado en el negocio inmobiliario, más que en favorecer a las familias”, afirmó Osa, quien sostuvo que una mayor densidad sin infraestructura suficiente podría afectar a los barrios y empujar a familias hacia la periferia.
Las críticas a la normativa se suman a las dificultades para adquirir terrenos y asegurar financiamiento habitacional.
Osa señaló que existen comités sin recursos para comprar suelo y que las agrupaciones Sandra Oliva 1 y 2 esperan claridad sobre las siguientes etapas de sus proyectos, que, según indicó, ya fueron aprobados por el Comité de Evaluación Ambiental (Coeva).
También pidió conocer cómo intervendrán la Seremi de Vivienda y el Serviu para concretar la adquisición de terrenos, especialmente para Sandra Oliva 2.
Gustavo Sotomayor, coordinador de Fenapo Biobío, explicó que las organizaciones buscan preservar los recursos para proyectos que comenzarían a ejecutarse durante los próximos meses y a principios de 2027.
Entre las iniciativas mencionó MTV Chiguayante I y II, MTV Libertad, en Talcahuano, y Sandra Oliva I, en Concepción, además del próximo avance de Sandra Oliva II. Otros comités, añadió, todavía están en proceso de conseguir terrenos.
Sotomayor precisó que la movilización buscaba entregar solicitudes formales a las autoridades, más que obtener respuestas inmediatas.
Según dijo, mantienen mesas de trabajo con seremis y equipos técnicos, pero quieren insistir en los avances pendientes y en la disponibilidad de recursos tras los ajustes presupuestarios que denuncian.
La protesta también incluyó el rechazo a una eventual reducción de 15 mil subsidios habitacionales, cifra que los dirigentes atribuyen a decisiones del Gobierno.
Valenzuela afirmó que el recorte perjudicaría a las familias que esperan una solución y pidió que no se concrete.
El seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío, Anselmo Villagra, señaló que el ministerio comprende la preocupación de las familias y de las organizaciones sociales por el acceso a una vivienda definitiva.
Añadió que el Decreto Supremo 68 busca modernizar las normas de construcción, facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales y agilizar la reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes.
La autoridad también sostuvo que el aumento de la oferta habitacional debe considerar una adecuada planificación urbana, con atención a los servicios básicos, la conectividad, los espacios públicos y las características de cada territorio.
En ese contexto, planteó la importancia de escuchar las inquietudes de las organizaciones, aclarar el alcance de la normativa y mantener abiertos los espacios de diálogo.
Las declaraciones se dieron en el marco de una movilización de 13 comités de Fenapo provenientes de Penco, Tomé, Chiguayante, Talcahuano y Concepción. Los participantes recorrieron calles del centro penquista y tenían previsto entregar una carta con sus demandas en dependencias del Serviu.
Por su parte, el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, señaló que las autoridades deben resguardar el derecho a manifestarse pacíficamente, junto con la seguridad, el orden público y el funcionamiento de la ciudad.
Añadió que se mantendrían coordinaciones con Carabineros y los organismos competentes, y sostuvo que el Gobierno está disponible para canalizar las preocupaciones ciudadanas mediante las instituciones correspondientes.