Contraloría detectó 1.044 beneficiarios que no cumplían los requisitos para permanecer.
Lo que debes saber
• Contraloría detectó 1.044 beneficiarios que no cumplían los requisitos y otras observaciones en ProEmpleo.
• La solicitud busca revisar la administración del programa desde 2024 y, de aprobarse, la comisión tendrá 60 días para investigar.
Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer los detalles.
Una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados busca revisar la administración del programa ProEmpleo en el Biobío desde 2024, luego de que Contraloría detectara irregularidades en la selección de beneficiarios, controles y rendiciones de recursos públicos.
La solicitud fue presentada por la diputada Francesca Muñoz y cuenta con el respaldo anunciado de la parlamentaria Lilian Betancurt.
Entre los antecedentes que motivan la iniciativa figuran 1.044 beneficiarios que no cumplían los requisitos para permanecer en el programa y 343 personas con vínculos de parentesco con 138 dirigentes sindicales que también recibían el beneficio.
El informe de Contraloría también observó que 813 trabajadores se desempeñaban en establecimientos educacionales sin acreditar su idoneidad psicológica, además de deficiencias en los controles de asistencia, rendiciones de cuentas y pagos durante periodos de licencia médica.
Muñoz sostuvo que la investigación busca aclarar las eventuales responsabilidades en la administración del programa. “Cada irregularidad tiene que ser aclarada”, afirmó, al referirse a los recursos públicos destinados a entregar oportunidades laborales.
La instancia propuesta busca examinar la actuación del Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría del Trabajo y la Delegación Presidencial Regional, junto con los procedimientos de selección, fiscalización y ejecución de convenios.
También pretende revisar las medidas adoptadas para recuperar eventuales pagos improcedentes y las acciones implementadas para corregir las observaciones.
Por su parte, Betancurt confirmó que apoyará la iniciativa y planteó que es necesario esclarecer el uso de los recursos estatales.
“No podemos tolerar dudas ni irregularidades con el dinero de todos los chilenos”, señaló, agregando que se deben revisar los antecedentes para determinar qué ocurrió con el programa en la región.
De aprobarse, la comisión tendrá un plazo máximo de 60 días para desarrollar su investigación. Contraloría, en tanto, ordenó procesos disciplinarios y remitió antecedentes al Ministerio Público ante la eventual existencia de ilícitos.