Ministerio de Justicia ha concedido 56 reducciones de pena por abuso y violación de menores sin intervención judicial, generando debate sobre la aplicación de la ley que excluye estos beneficios.
Lo que debes saber
• El Ministerio de Justicia ha aplicado 56 rebajas de condena a condenados por abuso y violación de menores desde el inicio de la administración.
• Las reducciones se otorgaron de forma administrativa, sin intervención judicial de por medio, promediando una cada tres días.
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Desde el inicio de la administración de José Antonio Kast, el Ministerio de Justicia ha concretado 56 reducciones de condena a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores de edad.
Del total de casos, 27 corresponden a condenas por abuso sexual de menores y 29 por violación, lo que equivale a un promedio de una rebaja otorgada cada tres días sin influencia judicial de por medio.
De acuerdo con antecedentes recabados por Interferencia, ninguna de estas 56 reducciones se originó a través de un recurso de amparo u otra vía judicial, sino que ingresaron directamente al Ministerio de Justicia para su tramitación y admisión.
Estos decretos son dictados por el Presidente de la República una vez que la Comisión de Reducción de Condenas evalúa la conducta del interno, la Secretaría Regional Ministerial corrobora los requisitos y la División de Reinserción Social revisa los antecedentes.
El procedimiento se ampara en la Ley n.º 19.856, cuyas calificaciones se realizan anualmente. En este proceso, Gendarmería de Chile elabora un listado de reclusos que cumplen con los criterios formales y lo eleva al ministerio para su resolución. Según la cartera, si se cumplen los requisitos legales y no existen causales de exclusión, no existiría margen para rechazar la rebaja.
No obstante, el dilema surge a raíz de la Ley n.º 21.421, promulgada en 2022 para modificar la Ley n°. 18.856, la cual excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores de este beneficio.
Ante esta controversia, el ministerio señaló que existe una discusión jurídica sobre la aplicabilidad de la norma a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia, aunque actualmente se desconoce cuántos de los 56 decretos emitidos corresponden a delitos cometidos con anterioridad o posterioridad a dicho año.