El tratado promueve la democracia ambiental con mayor acceso a la información, a un incremento de la participación pública en la toma de decisiones y a la justicia.
Un conversatorio sobre por qué es urgente que Chile firme el Acuerdo de Escazú, se realizó ayer en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción.
En la oportunidad expusieron las profesoras de la facultad, Verónica Delgado; la cientista política, Jeanne Simon, y la abogada negociadora de Chile para el Acuerdo de Escazú y consultora internacional en sustentabilidad, Constance Nalegach.
Nalegash detalló que “el Acuerdo de Escazú es el primer tratado o instrumento jurídicamente vinculante promovido por Chile que trata sobre el acceso a la información ambiental, a una mayor participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia, estos tres derechos son conocidos a nivel internacional como democracia ambiental”.
La abogada recordó que el Acuerdo de Escazú tuvo su origen en 2012, en la cumbre de Río +20 que conmemoraba los 20 años de la Cumbre de la Tierra, considerada, a su vez, la más relevante en temas de sustentabilidad donde se aprobaron, la convención marco del cambio climático y la de Biodiversidad.
También, en la misma instancia, siguió la consultora, se acordaron 27 principios, uno de los cuales es el número 10 que habla sobre el acceso a información, participación y la justicia.
En cuanto a por qué es importante para Chile suscribir el Acuerdo de Escazú, Nalegash aclaró: “hablamos de mayor transparencia de los Gobiernos; rendición de cuentas; mayor control de la corrupción y, al mismo tiempo, tiene que ver con las asimetrías de poder, en cómo fortalecer a los distintos actores de los sistemas ambientales, tanto de ONGs, como la ciudadanía y las mismas universidades”.
Requerida respecto de si Escazú podría frenar a las inversiones al interior del país, respondió: “no he escuchado ningún argumento sólido que justifique que es un freno a la inversión, por el contrario, durante la negociación del tratado de Escazú, el Ministerio de Medioambiente tenía una mesa público privada con la participación de distintos gremios, todos los cuales apoyaron el tratado, en particular, luego que Chile postergara su firma”.