Asipes aseguró que el rechazo de la prórroga en la Cámara de Diputados es un duro golpe a la industria y los empleos. Precisamente, los parlamentarios criticaron que en seis meses las empresas no pudieran adaptarse a los cambios.
La Ley de la Jibia sin duda que remeció las aguas en el mundo pesquero industrial, artesanal y político. Ayer en la Cámara de Diputados se discutió la prórroga solicitada de 24 meses, lo que fue ampliamente rechazado.
Es así como desde el 17 de agosto ninguna embarcación podrá extraerla si no es con línea de mano, o potera, algo que celebran los pescadores de las numerosas caletas que se dedican a extraer esta especie.
Dentro de los argumentos esgrimidos por los legisladores se escuchó que la determinación apunta a “cuidar los empleos a mediano y largo plazo”, como también al “ecosistema marino que ha sufrido con la pesca de arrastre”, a lo que se suma “el cambio climático”.
Y, es más. Ahora la industria pesquera deberá enfrentar un nuevo escenario. El diputado Jorge Brito Hasbún (Valparaíso) anunció que se trabajará en un proyecto que buscará eliminar “el arrastre en la merluza” (tanto para la austral como para la común, también conocida como pescada o pescá) , lo que fue recibido con aplausos en el sector del público donde estaban algunos alcaldes de la Región, como la primera autoridad de Lebu, Cristián Peña Morales.
El diputado José Pérez (Bío Bío), se sumó a lo propuesto por Brito. “No debemos permitir que las pesqueras sigan arrasando (…) el gobierno debería reducir la pesca de arrastre, aunque se deba subsidiar a los trabajadores”.
Otras acciones que se observaron fue que de los cuatro parlamentarios de la zona que participaron en la propuesta de aplazar la entrada en rigor de la Ley Jibia sólo dos mantuvieron voto a favor de atrasarla: Bobadilla y Ortiz.
Asipes a minutos de conocerse el resultado, emitió declaraciones. “Los parlamentarios de la Región del Bío Bío y de zonas pesqueras industriales como Talcahuano y Coronel, tienen directa responsabilidad en la pérdida de estos empleos de calidad y de fortalecer la precariedad de la pesca artesanal y extender indefinidamente los graves problemas sociales de este sector”.
El seremi de Economía Bío Bío, Mauricio Gutiérrez, lamentó que no fueran tomados en consideración los argumentos presentados por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien expuso antes de la votación para persuadir que atrasar la normativa era el mejor escenario.
“De verdad esto dejará a personas sin trabajo y tendremos que hacernos cargo del problema. Ver con la Subsecretaria de Pesca la llamada Plataforma Social para mitigar los efectos de esta ley que regula el arte de pesca. Lo que nos queda ahora es apoyar a los que se quedan sin empleo”, declaró Gutiérrez.
Asipes, en tanto, también criticó al Gobierno. “Queremos insistir que la solución planteada por el Gobierno para las 1.700 familias que perderán su trabajo, a través de una Plataforma Social no sirve, porque es un arreglo inviable para estas familias. Hay que recordar que un trabajador embarcado tiene una renta aproximada de $1 millón y una trabajadora de planta $650 mil”.
Y añadieron: “Lo que ha ocurrido hoy confirma la poca importancia y atención de los reales problemas de la Región del Bío Bío en el gobierno nacional. El Gobierno no se involucró oportunamente en esta ley de origen inconstitucional y hoy nuestra zona enfrentará un grave problema de desempleo y destrucción de valor.
Los artesanales, en tanto, celebraron. “Es impresentable como la gran industria utilizando a sus trabajadores y generando temor, intenta impedir la decisión del Congreso, pero más lamentable es que el Presidente Piñera haya puesto suma urgencia para impedir una ley democrática entrara en vigencia ¿será que las 7 familias aún influyen en el Gobierno?”, sostuvo Hernán Cortés, presidente de Condepp.
Igualmente, desde la Coordinadora Nacional de Jibieros, Miguel Ángel Hernández y David Castro, sostuvieron que “la codicia de la industria no tiene límites, porque el uso de la pesca de arrastre es pan para hoy y hambre para mañana. Si tanto les interesa el recurso, ¿por qué no le compran la jibia a los artesanales para su procesamiento? Esa es la señal que espera el país de empresas que quieren aportar al desarrollo”.
El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, señaló consecuencias económicas. “Buena parte de la jibia quedará en el mar. Las exportaciones no son pequeñas: entre US$ 100 y US$ 150 millones. El año pasado se exportaron US$ 200 millones”.