Para el economista Matías Godoy, las cifras son preocupantes, ya que se trata de ocupaciones precarias. Gobierno aseguró que se busca incentivar el trabajo de calidad.
La informalidad laboral siempre es un tema de preocupación en la Región del Bío Bío.
De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística, la fuerza del trabajo alcanza 793.460 integrantes en la zona. De ellos, 744.690 están ocupados y 48.770 en calidad de desocupados.
Índices en apariencia positivos, hasta que se empieza a inquirir sobre el grado de formalidad de esos empleos. Y allí surge la pregunta que lo cambia todo: ¿Cuántos trabajan de manera informal? La cifra llega a los 204.110 habitantes de la Región que se desempeñan en esta condición, siendo un 27,4% de la fuerza laboral.
Al realizarse una comparación a nivel país, la Región quedaría en un preocupante tercer lugar.
Primero queda la Metropolitana con 885.370 personas y, posteriormente, Valparaíso 255.260.
Para el destacado economista académico de la UDD, Matías Godoy, estos datos son preocupantes.
De hecho, sin la informalidad la desocupación sobrepasaría el actual 6,1% que anotó el territorio en la última medición.
“Sería de un 33,5% si no consideráramos como trabajadores a quienes se encuentren en situación de informalidad. El tema es que son personas que trabajan, pero bajo condiciones más precarias que lo óptimo”, precisa Godoy.
Los ocupados informales bajaron 2,5% en doce meses, incididos por los hombres (-5,8%). Según sector económico, la caída fue influida, en mayor magnitud, por los descensos en construcción (-24,3%), industria manufacturera (-12,7%) y enseñanza (- 49,3%).
Por categoría ocupacional, la disminución en doce meses de los ocupados informales fue incidido por los trabajadores por cuenta propia (- 4,4%), asalariados privados (-4,4%), empleadores (-24,7%) y familiar no remunerado (-5,1%). Los asalariados públicos (22,2%) y personal de servicio doméstico (10,3%) aumentaron.
Matías Godoy hace un exhaustivo análisis. “Si bien Bío Bío ha logrado reducir la informalidad laboral, en porcentaje y número, aún vemos que más de un cuarto de los trabajadores se encuentran en esta situación”.
Y continúa: “En nuestra región un 62,3% de los ocupados trabaja más de 45 horas a la semana. Esto quiere decir que más de un tercio de los trabajadores trabajan part-time, donde habitualmente existe carencia de contratos y formalidades”.
En su opinión, “las autoridades, tanto locales como nacionales, deben trabajar por reducir al máximo la informalidad laboral. Es bueno para la economía que el mercado laboral sea flexible. En el fondo, que se pueda trabajar a jornada completa o tiempo parcial. Lo que no es bueno, desde un punto de vista social, es que exista un menú de condiciones laborales. Debieran ser las mismas para todos, independiente de la jornada o tipo de trabajo”.
El seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez, dice que están al tanto. “Tratamos de revertir esto mediante los proyectos de inversión que traen empleos de calidad”.
Después que Guillermo Pattillo, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, reconociera públicamente las falencias en la encuesta de empleo que aplica el organismo y revelara que las soluciones en la medición estarían recién para el 2020 se plantean algunos desafíos.
Parte de la importancia en la precisión de estas mediciones tiene que ver con que “estos datos se usan para políticas públicas regionales, por ejemplo, en zonas rezagadas y para reajustes salariales donde se usa un indicador de aumento del salario real del periodo anterior que estaría mal calculado”. Así lo afirma Andrés Ulloa, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (Facea) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Ucsc).
En tanto, Luis Méndez, director del Observatorio Laboral Bío Bío plantea otro factor relevante ya que “al ser un promedio nacional o regional no muestra las realidades del empleo en los territorios comunales, donde muchas veces los fenómenos del desempleo son más agudos y peor sentidos que los promedios”.
Según Claudio Parés, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, “el INE define a una persona como empleada si realizó algún trabajo por al menos una hora a cambio de una remuneración (que puede ser en dinero o especies)”.
El académico de la UdeC está de acuerdo con esta definición por ser “más precisa y permite indagar mejor la situación real del empleo a través de las preguntas que siguen en la encuesta”.
Para Renato Segura, director del Centro de Estudios de la Realidad Regional, Cerr, “es una definición considerada como válida y aplica en las estadísticas de países que pertenecen a la Ocde.
Sin embargo, el director del Cerr, apunta también a que “para los propósitos específicos de la política o de identificar la calidad del empleo, la encuesta ENE captura información complementaria para conocer si el dato recogido corresponde a un empleo de tipo formal o informal, el sector económico donde realizó la actividad, el nivel educacional del trabajador; si el trabajo realizado es de tiempo parcial o tiempo completo; si es un empleo permanente o transitorio”.
Respecto de las migraciones, Parés señala que “cambia la base de comparación. Si la entrada de personas al territorio es importante y su incorporación al mercado del trabajo no es igual que la del resto de la población, esto genera problemas en la forma de medir”.
Para el director del Observatorio Laboral Bío Bío, “el impacto sobre el mercado laboral es bajo dado que la población migrante que pudiera buscar empleo no superaría el 10% de la fuerza de trabajo”.
Entre los desafíos a la actual medición del empleo, el director del Departamento Economía de la UdeC resalta que “no sabemos si las cifras actuales reflejan realmente la realidad, este problema viene del fallido Censo de 2012, pues la muestra del empleo aún no se actualiza a las cifras de 2017”, por lo que urge actualizar la muestra con los resultados del Censo 2017.
Para Segura, otro desafío importante es “revisar su institucionalidad para que el INE sea dotado de la capacidad para reunir y consolidar la información que se genera en distintos organismos públicos y privados”.