Fortalecimiento de las herramientas de la Comisión para el Mercado Financiero, podrán prevenir la quiebra e insolvencia de los bancos junto con el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas.
Esta es la mayor modificación que se hace a la legislación bancaria en 30 años”. Así de claro fue el ministro de Hacienda, Felipe Larraín al referirse a la Nueva Ley de Bancos aprobada en el Congreso Nacional.
De ahí la importancia de aprovechar la oportunidad para que el actual sistema chileno pueda actualizarse entre otras materias respecto de Basilea III.
Carlos Salazar Sazo, director de la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián indica que son varios los cambios que trae la nueva Ley y que “ uno importante que puede mencionarse es el fortalecimiento de las herramientas con que cuente la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para prevenir la quiebra o insolvencia de un banco”.
Otro aspecto relevante, según el académico, “es la capacidad mejorada de la CMF para entregar a la Unidad de Análisis Financiero información que permita prevenir el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas, junto con la flexibilidad para ponderar los riesgos de los activos y clasificar a un banco como de importancia sistémica. Subir los requisitos de distribución de dividendos es otro aspecto destacable” dice Salazar.
En tanto, Natalia Bolívar, docente de la Escuela de Derecho de Universidad de Las Américas, plantea que “ la nueva ley fortalece las herramientas con las que cuenta la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ya que traspasa todas las funciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comisión para el Mercado Financiero. Asimismo, se actualiza la normativa en cuanto a los estándares establecidos en el acuerdo Basilea III”.
Basilea III
De acuerdo con la docente de la Escuela de Derecho de Universidad de Las Américas, “los principios del denominado Basilea III consisten en asegurar una adecuada gestión de los riesgos en materia financiera. Así, con el fin de incorporar mecanismos que fomenten la implementación de sistemas de manejo de riesgo por parte de los bancos, el proyecto otorga a la Comisión la facultad de requerir capital básico o patrimonio efectivo adicional por hasta un 4% de los activos ponderados por riesgo, en aquellos casos en que las exigencias legales no sean suficientes para cubrir los riesgos específicos que enfrenta una entidad determinada”.
Bolívar explica también que “actualmente el capital básico mínimo para organizar un banco no puede ser inferior a 800.000 UF y, al tiempo de otorgarse la escritura social de un banco, el capital mínimo debe estar pagado en un 50%, debiendo mantener, mientras no alcance el capital mínimo de 800.000 UF, un patrimonio efectivo no inferior al 12% de sus activos ponderados por riesgo, cuando tenga un patrimonio efectivo de 400.000 UF, y no inferior a 10% cuando tenga uno de 600.000 UF. En otras palabras, esto implica que los requisitos mínimos de capital se aumentan, precisamente para asegurar la viabilidad de un banco tanto en su etapa de formación como de desarrollo de la actividad bancaria”.
El Comité de Basilea, dice Salazar, “en los mecanismos que propone para mejorar los estándares de seguridad de la banca internacional y nacional, refuerza la regulación y supervisión de cumplimiento de la normativa de capitales y riegos de la industria bancaria.
Esto lo hace fijando niveles mínimos de capital ordinario, un colchón de conservación de capital para evitar reparto manteniendo una reserva de hasta 7%, un colchón anticíclico para casos de crecimiento de niveles de crédito que afectan los riesgos sistémicos y otras medidas”.
En relación a los Gobiernos Corporativos, los cambios tienen que ver con que “la SBIF pasará a formar parte de la CMF creada por la Ley 21.000 y en funcionamiento desde enero 2018, que reemplazó a la SVS y es un órgano que fiscaliza el mercado de valores y seguros, velando por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad de ese mercado financiero, con facultades de supervisión, sanción, normativas y de promoción del desarrollo. También se extiende la protección legal del personal de la CMF y otros actores.
Esto significa más prudencia y mejor evaluación de los riesgos. También mayor certeza jurídica”.
De acuerdo con el director de la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián entre los beneficios que trae la nueva Ley de Bancos para la economía se encuentra el que “habrá mayor seguridad, más estabilidad, pues los bancos son muy relevantes en ella, son actores muy importantes, que captan grandes inversiones de capital para poder operar y a su vez intermedian en el flujo de capitales de personas y empresas, permitiendo que otras inversiones, emprendimientos, etc. puedan desarrollarse con menos riesgos.
Al mejorar la supervisión, además, se puede prevenir insolvencias bancarias, que afectan mucho a la economía pues impactan a las personas ahorrantes, al Fisco cuando tiene que responder (y ahora se mejoró la garantía estatal a los depósitos) y al sistema económico general”.
En esta línea, docente de la Escuela de Derecho de Universidad de Las Américas señala que “Estas modificaciones debieran producir mayor confianza de los inversionistas en el sistema financiero, pues esto se manifiesta en la estabilidad de todo el sistema y, en consecuencia, de la economía en general”.