Usar el IVA crédito fiscal sólo después del pago de la factura era una de las más importantes medidas contempladas, pero el Gobierno argumentó problemas técnicos operacionales y fue eliminada.
“Un tiempo razonable y equitativo es de 30 días corridos, contados desde la emisión de la factura”, dice de entrada Mario Espinosa, gerente general de Defensa Pyme, sobre el proyecto de ley de Pago Oportuno para pequeñas y medianas empresas que fue anunciado en mayo por el Gobierno. El plazo de 60 días contemplado en la iniciativa del Ejecutivo, explica Espinosa, sigue siendo demasiado extenso y permite todavía a las grandes empresas generar liquidez o “hacer caja” a costa de sus proveedores.
Otra de las más importantes medidas contempladas en el anuncio era la posibilidad de usar el IVA crédito fiscal sólo después del pago de la factura, propuesta que fue celebrada por los gremios empresariales. Sin embargo, al momento de ingresar el proyecto, fue eliminada por el Ejecutivo, aduciendo problemas técnicos operacionales, lo que en la práctica habría debilitado al proyecto, agrega Espinosa.
“El hecho de que una empresa sólo pueda deducir de su pago mensual de IVA el crédito fiscal de aquellas facturas pagadas, constituía un gran incentivo al pago oportuno a las empresas compradoras, por lo que es de esperar que dicha iniciativa se reponga en la discusión parlamentaria”, enfatiza. En su avaluación, “faltó mayor rigurosidad en los plazos y, además, el proyecto exceptúa de su vigencia al sector público, que es el de peor comportamiento en materia de pago a proveedores”.
De hecho, la iniciativa fija en tres años el período durante el cual el Estado, los organismos públicos y municipalidades estarán exceptuados de cumplir las obligaciones que establece el proyecto.
El gerente general de Defensa Pyme reconoce, sin embargo, que las medidas anunciadas tienen puntos positivos, dado que comprenden parte importante de los requerimientos y anhelos de la Pymes y vienen a dar un poco más de simetría en la relación empresa-proveedor.
“Actualmente, esta relación es absolutamente asimétrica y las condiciones comerciales son impuestas por las grandes empresas” argumenta. “Nos parece muy bien que exista un sistema de información sobre el comportamiento de pago a proveedores por parte de las empresas, pues es necesario que las éstas puedan ser evaluadas por la forma en que cumplen a sus proveedores y así reconocerlas”, agrega el ejecutivo.
Espinosa se refiere a la propuesta que busca generar información pública sobre el comportamiento de pago a empresas, de manera que se vean reconocidas por la ciudadanía aquellas que pagan en forma oportuna.
Entre otras medidas, el proyecto también considera la obligación de la emisión electrónica de la guía de despacho, al igual a lo que ocurre actualmente con la factura, con el objetivo de acercar el momento en que se emite la guía de despacho y la factura.
También se considera la limitación al cambio del valor original de la factura, una vez aceptada por el comprador. Después de ocho días de aceptada, no se aceptarán notas de crédito y se buscarán otros mecanismos para hacer compensaciones, dando certeza del plazo y monto de la factura.