Profesionales idóneos, sociabilización anticipada es para el ámbito privado. Aplicar filtros, acortar plazos y diferenciar por tamaño, en lo público.
El Ministro de Economía, Juan Ramón Valente, anunció que se destrabarían proyectos por un monto aproximado de US$ 4.500 millones para Bío Bío y, según Desarrolla Bío Bío, las principales causas de rechazo a los proyectos en Medio Ambiente son por fallas en la admisibilidad, es decir, en la presentación o generación de los proyectos.
Es por lo anterior, que consultamos con Paula Nieto, abogado de la Universidad de Concepción, docente en la Facultad de Ciencias Ambientales (Eula) y perteneciente al estudio Fernández Nieto abogados, sobre cuáles son las principales mejoras a considerar en el actual sistema de tramitación de evaluación ambiental.
En este sentido Nieto concluye que los espacios para crecer en aspectos positivos respecto de la materia consultada incluyen ámbitos de los sectores públicos y privados.
– El ministro de Economía anunció la creación de una oficina especial encargada de “destrabar” proyectos por cerca de US$ 4.500 millones en Bío Bío. ¿A su juicio, cuáles son las principales modificaciones que debieran realizarse en Medio Ambiente para mejorar la inversión?
– Entre las causas del entrabamiento existen múltiples factores. Uno es el ingreso de un estudio o declaración que son técnicamente deficientes y, cuando ocurre esto, el sistema tiene modos de terminarlo, sin que continúe la evaluación, que podríamos decir, es un término por forma, por ejemplo, la admisibilidad que es como el primer el filtro que debe pasar cualquier proyecto que se someta a evaluación ambiental debe ser ocupado. Un proyecto que no cumple los requisitos mínimos para evaluación debe ser eliminado. En el fondo, lo que se busca es que en virtud de las observaciones que hagan los órganos con competencia ambiental, le suplan las deficiencias del proyecto y eso no debe ser.
– ¿Qué cambios haría usted para mejorar la gestión actual de los proyectos en Medio Ambiente?
– Creo que falta mucho, una sociabilización temprana en los proyectos. Es importante que antes de que instales en algún lugar y antes que exista la participación ciudadana, propiamente tal, para el caso de los estudios, porque las Dias (Declaraciones de Impacto Ambiental) no las tienen, exista una sociabilización con la comunidad y los municipios aledaños, porque con estas políticas que muchos llaman de buenos vecinos puedes lograr que la comunidad sepa de los proyectos y, por otra parte, también evitas problemas judiciales, porque otras de las aristas que también me preguntas es por la judicialización de estos proyectos.
– El 23 de abril el Ministerio de Medio Ambiente distribuyó un oficio en organismos del Estado relacionados con Medio Ambiente instruyendo no realizar exigencias adicionales a proyectos aprobados con la Resolución de Calificación Ambiental, RCA. Medida muy valorada por el sector productivo regional. ¿Cuál es su opinión respecto de esta medida?
– Este oficio no dice nada nuevo. Es lo primero que hay que dejar en claro. Ya que es algo que está contemplado en la Ley de Bases del Medio Ambiente y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde está considerado expresamente. Lo que pasa es que existe un tema de discrecionalidad administrativa y la evaluación ambiental pasa por órganos con competencia ambiental y hay una discrecionalidad, y eso es lo que a mi me parece bueno, que el SEA recuerde: no pedir más requerimientos que los que pide la ley, porque además se está actuando por el principio de ventanilla única.
– De acuerdo con Desarrolla Bío Bío, las principales causas de rechazo a los proyectos son fallas básicas. Roberta Lama, gerenta general del organismo, indicó: “detectamos que los inversionistas tampoco sabían presentar o generar proyectos”. ¿Qué opina sobre esto?
– Comparto un poco con ella esto, porque en la parte medioambiental, mucha gente lo asocia a grandes proyectos, pero, por ejemplo, un proyecto inmobiliario pudiera ingresar a evaluación ambiental. Lo que pasa en Concepción Metropolitano es que estamos en una zona de latencia y saturación donde existe un literal específico para proyectos inmobiliarios para la gestión que se haga dentro de estas comunas. Esto de la admisibilidad es un check list, es tomar la ley y ver lo que tiene o no tiene, no es un pronunciamiento de fondo. Falta trabajar con gente idónea, porque he escuchado que muchas veces copian y pegan porque muchos de estos son expedientes públicos.
– Hoy una Declaración de Impacto Ambiental demora de 60 a 90 días en ser tramitada y un Estudio de Impacto Ambiental 120 días ampliables a 180 días. ¿Considera usted que estos tiempos o plazos frenan la inversión?
– Hay que sumar a este tiempo que, además, se pueden pedir prórrogas hasta dos veces y que se trata de días hábiles, es decir, de lunes a viernes excepto feriados, entonces, deberían de alguna manera acotarse estos plazos y, sobre todo, para responder las observaciones que informa el órgano con competencia ambiental. También existe una nueva arista que se contempla con una modificación que se hizo ya hace 8 años en que estaba la certificación ambiental donde se le entregaba a la autoridad como una certificación de acreditación de cumplimiento legal pero eso no ha funcionado porque no se ha implementado, más que nada. Esto podría ser una buena herramienta, pero quién certifica esto.
– ¿Estima usted que hoy día existe una excesiva judicialización de los proyectos de inversión? ¿Por qué?
– Ahí también tenemos nuevamente problemas, porque tú sabes que está la justicia ordinaria, que corresponde a los tribunales tradicionales, y están también los Tribunales Ambientales. Ahora, si me preguntas si existe una judicialización propiamente tal, te diría que no. Hace como dos semanas fue la cuenta pública del Tercer Tribunal Ambiental que es competente para conocer las causas de la Región del Bío Bío y el año pasado hubo 4 sentencias por reclamaciones de ilegalidad por actuaciones de la administración y por daño ambiental 2, entonces tampoco hablaríamos que existe una gran cantidad de juicios. En cuanto a la justicia ordinaria, sí existen hartas reclamaciones administrativas y por participación ciudadana, por lo tanto, vuelvo al eje inicial donde sugiero realizar una sociabilización temprana. A esto hay que sumar que la participación ciudadana no es vinculante.
– En su experiencia, ¿Cuáles son los motivos por los que más se presentan acciones legales en Medio ambiente?
– Participación ciudadana. Los que tenemos como casos emblemáticos son, por ejemplo, el GNL Penco Lirquén, por no consideración de pueblos indígenas. Desde la etapa de construcción en adelante, la mayor cantidad de denuncias son por ruidos. La institucionalidad también funciona conforme con los insumos que se le entreguen.
