Presentaciones de privados y organismos públicos, incluida ASMAR, buscan revertir la declaratoria del humedal urbano, caso que será revisado por el Tribunal Ambiental de Valdivia.
Ocho reclamaciones recibió la declaratoria del humedal urbano Rocuant–Andalién, en la región del Biobío, las que deberán ser resueltas por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
Entre las presentaciones figuran escritos de privados e instituciones del Estado de Chile, como el Gobierno Regional del Biobío. También destaca la reclamación presentada por Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR).
Cabe recordar que, a solicitud de la Municipalidad de Talcahuano, el pasado 10 de marzo de este 2026 se publicó en el Diario Oficial la declaratoria como Humedal Urbano Rocuant-Andalién, en la comuna porteña.
El proceso no ha estado exento de polémicas y ahora suma nuevas reclamaciones que buscan retrotraer la medida ya oficializada.
En particular, ASMAR sostiene en su escrito que la resolución del Ministerio del Medio Ambiente que declaró el sitio como humedal urbano presenta “ilegalidades que ameritan que dicho acto administrativo sea dejado sin efecto”.
“Nuestra representada es dueña de un predio de 412,67 hectáreas ubicado en el sector denominado ‘Isla Rocuant’”. A lo que agregan que “dicho predio se superpone significativamente con el polígono declarado como humedal urbano, por lo que el Acto Administrativo Reclamado le impone gravámenes que le impiden disponer libremente de su inmueble”, argumenta el documento.
En esa línea, ASMAR afirma que el Acto Administrativo Reclamado declaró el territorio en cuestión “ubicando sus deslindes en forma que excede por mucho los límites verdaderos de tal humedal”.
Posteriormente, la empresa expone cuatro argumentos ante el Tribunal Ambiental, solicitando que se acoja la reclamación y se anule total o parcialmente la declaratoria, en particular en la zona que “superpone con el predio de nuestra representada”.
Terreno de ASMAR | Fuente ASMAR
El primero señala que, según ASMAR, “el MMA incurrió en errores sustanciales en la delimitación del referido humedal respecto del predio de ASMAR”. Añaden que “estos defectos metodológicos condujeron al MMA a extender el polígono del Humedal Rocuant-Andalién en zonas en las que éste no se emplaza, pese a carecer de antecedentes técnicos suficientes que le permitieran”.
El segundo argumento indica que la declaratoria “carece de motivación suficiente”, ya que “la mayoría de las observaciones técnicas formuladas por ASMAR durante el procedimiento administrativo que dio origen a la declaratoria, no fueron respondidas ni ponderadas por la autoridad”.
Cedida | ASMAR Talcahuano
A esto agregan que se declaró una superficie de 1.377,2 hectáreas, “cifra que difiere en 15.24 hectáreas de las 1.361,96 consignadas en la propia Ficha de Análisis Técnico del MMA”.
El tercer punto plantea que “el procedimiento administrativo presenta un vicio procedimental relevante, toda vez que la solicitud municipal fue declarada admisible pese a no cumplir con la totalidad de los requisitos previstos” en el Reglamento de la Ley de Humedales Urbanos (Ley 21.2002).
Finalmente, el cuarto argumento cuestiona la “excesiva” duración del proceso, señalando que “pues su tramitación se prolongó por más de tres años y medio, excediendo con creces el plazo máximo de seis meses establecido” por la normativa.
El documento también sostiene que “el sector en que se emplaza el Humedal Rocuant-Andalién constituye el área en la que durante más de dos décadas se ha desarrollado el proyecto ‘Plataforma Logística de la Región del Biobío’, una iniciativa impulsada por múltiples órganos de la Administración del Estado”.
Entre ellos, menciona a “CORFO, ASMAR, los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, y el Gobierno Regional”, indicando además que “respecto de la cual ASMAR ha prestado significativa colaboración”.
En ese contexto, la empresa asegura que “ha cedido terrenos a título gratuito para la construcción de infraestructura vial, y ha participado en instancias de conservación ambiental”.
Asimismo, el escrito destaca que el área no solo posee valor ecológico, sino que “cuenta también con una localización estratégica que ha motivado, durante más de dos décadas, el desarrollo de un proyecto de interés público de gran envergadura”.
El territorio colinda con el aeródromo Carriel Sur en Talcahuano y se ubica próximo a la Ruta Interportuaria, que une Penco y Talcahuano, además de su cercanía con “Puerto de Talcahuano, Puerto de San Vicente, Puerto de Lirquén, y Puerto Coronel”.
“De materializarse, esa iniciativa permitiría posicionar a la referida región como un eje central para el desarrollo económico de la zona y del comercio internacional”, afirma el documento.
Entre otras entidades que presentaron reclamaciones se encuentran Essbio S.A.; Inmobiliaria JR e Hijas Limitada; Inmobiliaria Lotes Valmar Ltda; Agrícola Brisa del Sol Ltda; Inversiones Valmar Ltda; Inmobiliaria Parque Andalién S.A. y el Gobierno Regional del Biobío.
Revisa en detalle todas las reclamaciones en el siguiente enlace.
El humedal Rocuant Andalién alberga una diversa flora y fauna y, recientemente, un grupo de organizaciones medioambientales del Biobío, junto a autoridades de Talcahuano, solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que sea reconocido también como Geositio.
Pero, ¿qué es? Un Geositio corresponde a un lugar con alto valor geológico, científico y educativo, que permite comprender procesos naturales de la Tierra y que, al ser reconocido por Sernageomin, puede integrarse al inventario de patrimonio natural, fortaleciendo su resguardo.
Desde la Red de Humedales del Biobío, Jocelin Varela indicó que “la ciudadanía y diversos organismos llevaban más de 10 años trabajando en pro de dicha figura legal de protección”.
“El 10 de marzo salió en el Diario Oficial publicado el reconocimiento de Rocuant-Andalién como Humedal Urbano, con 1377,2 hectáreas que lo ubica entre los tres ecosistemas acuáticos con mayor superficie protegida bajo la Ley 21.202. Hoy lamentablemente existen 8 reclamaciones legales para eliminar la figura de protección y entre los reclamantes está el gobierno regional”, concluyó.
Tras su presentación en Sernageomin, la solicitud también fue ingresada en diversos servicios públicos, como la Seremi de Medio Ambiente y el Gobierno Regional del Biobío.
A lo anterior se suma la crítica formulada desde Fundación Bandada. Su presidente, Patricio Oriz Saozo, indicó que “frente a las reclamaciones presentadas contra la declaratoria del Humedal Urbano Rocuant-Andalién, ya que representan una amenaza directa a la protección de uno de los ecosistemas más relevantes para la biodiversidad, la seguridad socioambiental y la resiliencia climática del Gran Concepción”.
Desde su perspectiva, el proceso no solo constituye una discusión administrativa o jurídica, sino también una disputa sobre el futuro del territorio y el derecho de las comunidades a vivir en entornos seguros y ambientalmente saludables.
“La reclamación más llamativa y también profundamente preocupante, es la presentada por el Gobierno Regional del Biobío, ya que se trata de una institución del propio Estado cuyo mandato es promover el bienestar de las personas, la seguridad territorial y el desarrollo sostenible”, aseveró.
En relación con la reclamación de ASMAR, Ortiz advierte que “resulta especialmente llamativa considerando que no se trata de una empresa privada, sino de una empresa pública del Estado de Chile, dependiente del Ministerio de Defensa a través de la Armada”.
Asimismo, sostiene que “precisamente por su carácter estatal, genera una evidente paradoja que una institución perteneciente al propio Estado impulse acciones judiciales destinadas a cuestionar la protección de un ecosistema cuya declaratoria también responde a una política pública ambiental del Estado orientada a resguardar el interés general, la biodiversidad y la seguridad de las comunidades costeras”.
Desde la organización agregan que “resulta difícil de comprender que, en vez de avanzar hacia modelos modernos de convivencia territorial, se opte por cuestionar la protección de un humedal ampliamente reconocido por la comunidad científica y la ciudadanía como esencial para el Gran Concepción”.
En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, “esperaríamos que las instituciones públicas y especialmente aquellas que forman parte del propio Estado fueran aliadas activas en la defensa del patrimonio natural y la seguridad socioambiental del territorio”, puntualizó el representante de Fundación Bandada.