La iniciativa presentada por el Gobierno contempla recursos para prevenir y combatir estos siniestros. La estrategia considera un presupuesto de $166.600 millones a nivel nacional.
El aumento de los recursos destinados al combate de incendios forestales y el fortalecimiento de la prevención forman parte del nuevo Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027 presentado por el Gobierno.
La estrategia considera un presupuesto de $166.600 millones, a nivel nacional, y contempla medidas de prevención, detección temprana, combate y coordinación institucional.
“Esto representa un despliegue público que contempla 319 brigadas de CONAF, integradas por 3.778 brigadistas, además de 77 aeronaves, entre aviones cisterna, helicópteros de distintas capacidades y un avión Large Air Tanker (LAT). A ello se suman 396 recursos de detección, que incluyen 340 cámaras de televigilancia, 40 torres, 15 puestos de observación y un sistema mixto en coordinación con privados”, dio a conocer el Ejecutivo en plataformas institucionales.
“A pesar de no contar con todos los recursos que tienen naciones desarrolladas, el profesionalismo, la valentía y el sacrificio de nuestros policías y de nuestros voluntarios han impedido que esto termine en tragedias aún mayores. Pero la prevención y la coordinación son tareas que tenemos que iniciar ahora”, dijo el Presidente, José Antonio Kast.
Sin embargo, para la Región del Biobío, uno de los principales desafíos continúa estando en las zonas de interfaz urbano-rural, donde la cercanía entre viviendas y terrenos forestales aumenta la exposición de las comunidades ante la propagación del fuego.
No obstante, especialistas de la Universidad de Concepción advirtieron que la disponibilidad de recursos debe complementarse con una planificación territorial que identifique los sectores de mayor vulnerabilidad y con acciones que permitan abordar las causas de los siniestros.
El ingeniero forestal del Departamento de Manejo de Bosque y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Forestales de la UdeC, Francisco Aruta, sostuvo que las zonas de interfaz representan una de las principales preocupaciones para la región, debido a la expansión de viviendas hacia sectores próximos a plantaciones y bosques.
“Las zonas de interfaz son muy complejas. Las casas se están metiendo al bosque y empiezan a construir sin ninguna medida preventiva”, explicó.
El académico señaló que las condiciones de riesgo varían entre localidades, por lo que las medidas de protección deben responder a las características de cada territorio.
En ese sentido, mencionó sectores como Cabrero, Concepción y Lirquén, donde las condiciones de la interfaz y la exposición de las viviendas presentan diferencias.
A su juicio, aunque las acciones de limpieza y manejo de vegetación alrededor de ciudades y localidades son necesarias, también se requiere evaluar su efectividad y determinar si están llegando a todos los sectores que necesitan protección.
Por otro lado, el ecólogo del fuego y académico asociado del Departamento de Silvicultura de la UdeC, Eduardo Peña, explicó que las características del paisaje regional favorecen la disponibilidad de combustible vegetal. Esto, debido a que gran parte de los suelos tiene aptitud forestal y presenta condiciones que permiten el crecimiento de vegetación.
El especialista advirtió que tanto las plantaciones como el bosque nativo pueden verse afectados por los incendios, por lo que la prevención no puede depender únicamente del tipo de cobertura vegetal.
A ello se suma la continuidad del combustible, especialmente en sectores donde no existe un manejo adecuado de la vegetación o donde no se han habilitado cortafuegos.
Para Peña, una de las prioridades debería ser identificar con mayor precisión los puntos vulnerables de cada localidad y establecer desde qué sectores podría avanzar el fuego. De esta manera, las intervenciones podrían concentrarse en los lugares donde existe mayor exposición.
“Lo que nos falta definir y con alta precisión es cuáles son los lados más susceptibles de cada zona. Cada vez que hay un incendio, ¿por dónde va a llegar? Y cuál es el riesgo que tiene”, planteó.
El académico también destacó la importancia de incorporar criterios de prevención en la planificación de nuevos conjuntos habitacionales.
Como alternativa, propuso que las villas construidas en zonas de interfaz tengan parques o calles en sus límites con los terrenos forestales, de manera que estos espacios puedan funcionar como áreas de separación y facilitar el ingreso de los equipos de emergencia.
Más allá de las condiciones del territorio, Aruta puso el acento en la intencionalidad como uno de los factores que deben abordarse para reducir la ocurrencia de incendios forestales en el país.
El ingeniero forestal señaló que Chile mantiene cifras de entre 5 mil y 6 mil incendios forestales por temporada, un escenario que, a su juicio, obliga a complementar las medidas preventivas con una investigación sistemática de las causas de cada siniestro.
“Chile tiene que apostar o tratar de desenmascarar la intencionalidad. Nosotros tenemos muchos incendios intencionales”, sostuvo.
En esa línea, cuestionó la capacidad de investigación y persecución de estos delitos, planteando que todos los incendios forestales deben ser denunciados e investigados por las instituciones correspondientes.
Otro de los aspectos que los académicos consideran necesario fortalecer es la preparación de las personas que habitan en sectores expuestos a incendios forestales.
Peña planteó que la prevención requiere desarrollar una cultura de riesgo que permita a las comunidades reconocer las condiciones de vulnerabilidad de sus viviendas y adoptar medidas antes de una emergencia.
Entre las recomendaciones mencionó mantener despejados al menos 10 metros alrededor de las viviendas y reducir la densidad de árboles en los siguientes 20 metros, además de limpiar techos y canaletas para evitar la acumulación de material combustible.
El académico agregó que las condiciones económicas y sociales de las familias también deben considerarse en las estrategias preventivas, especialmente cuando existen personas mayores que no cuentan con las capacidades físicas para realizar labores de limpieza y manejo de vegetación.
En ese contexto, propuso fortalecer la capacitación comunitaria y entregar herramientas para que cada habitante pueda reconocer los puntos vulnerables de su propiedad, además de identificar rutas de evacuación.
Respecto de la capacidad de respuesta regional, Aruta valoró los avances en la coordinación entre instituciones públicas y privadas mediante los sistemas de comando de incidentes, que permiten organizar el trabajo de los distintos equipos que concurren a una emergencia.
Según explicó, este modelo ha permitido avanzar hacia una respuesta conjunta, donde las empresas forestales, organismos públicos, brigadas y Bomberos pueden colaborar frente a incendios, incluso cuando estos amenazan sectores que no corresponden directamente a sus áreas de operación.