Edificios y puentes fueron los primeros en mostrar sus debilidades, incluso, generando víctimas fatales producto de sus fallas. Recuperar la conectividad fue un largo camino, que aún no se concluye del todo, pues sigue en deuda la conexión del viaducto Chacabuco con la homónima calle.
Los 8.8 grados en la escala de Richter que azotaron a la Región, durante casi tres minutos, dejó estragos en la zona, más de 81 mil viviendas se vieron afectadas con diferente tipo de daños, lo que implicó la entrega de 25 mil 898 kit de emergencia y más de 40 mil subsidios de reconstrucción.
Pero donde más se notó el daño fue en la infraestructura local. El colapso de los puentes generó desconexión con la ribera sur del Bío Bío, sólo el Llacolén quedó operativo, pero con apoyo de un puente mecano, el resto debió someterse a mejoras para ponerse en funcionamiento meses después de la catástrofe, aunque con limitantes de carga.
La compleja conectividad trajo a la zona un puente mecano, para el que se debió construir pilotes, que más tarde serían las cepas del Bicentenario, proyecto que aún no concluye como se ideó, con conexión a Chacabuco y sólo llega hasta la costanera.
Cuatro meses después del sismo se implementó un sistema de barcazas, que ayudaría a trasladar la carga hasta los puertos. Sin embargo su uso, que se prolongó hasta octubre de 2010, fue mínimo y demostró que la inversión de más de $1.500 millones fue equivocada. El gremio camionero cuestionó su alto valor y demora en los procesos.
Los edificios altos y nuevos como fue el caso de Alto Río y la Torre O’Higgins, que en ese entonces se mostraban como ideales para vivir o trabajar, fueron los primeros gigantes en mostrar debilidades. Aunque fueron siete los que se debieron demoler, pues fueron considerados inhabitables.
La falla de las estructuras en altura dejó en claro que la norma de construcción vigente debía modificarse, hacerse más estricta y así asegurar que, a pesar que resultaran con daños, no colapsaran, buscando, principalmente, evitar más muertes como las ocho que dejó como saldo la caída de Alto Río.
Agua potable, energía eléctrica y gas natural fueron los servicios que más problema presentaron, especialmente, en zonas como Talcahuano.
Así las cosas, el terremoto de 2010 dejó consecuencias en la Región, las expectativas de las autoridades de solucionar los problemas a corto plazo no se cumplieron y soluciones esperadas y altamente anunciadas, como el puente Chacabuco, aún deberán esperar para concretarse.
El debate sobre la altura máxima de los edificios aún continúa, especialmente, en Concepción, ciudad que busca limitarlas para contar con una ciudad a escala humana, a pesar que ya en 2010 arquitectos y constructores recomendaron realizar estructuras de hasta ocho pisos, con líneas rectas, pues la sinuosidad las hace más débiles y, además, que restringieran la cantidad de estacionamientos subterráneos, pues a mayor cabida tienen menores puntos de apoyo.
Los símbolos de la destrucción generada por el terremoto fueron los edificios Alto Río y Torre O’Higgins que, si bien eran considerados como íconos de la reactivación del mercado de los edificios, no resistieron el movimiento.
De hecho, Alto Río fue considerada como la zona cero en Concepción, el inmueble colapsó dejando entre sus escombros a 77 sobrevivientes con lesiones múltiples y ocho fallecidos.
El peligro de desplome de la Torre O’Higgins, de 22 pisos, obligó a cerrar la homónima avenida, entre Angol y Salas, arteria que se abrió sólo 13 meses después del sismo.
Foto | Diario Concepción
El municipio penquista realizó un catastro de los edificios dañados, quedaron en categoría 1, además de los ya mencionados: Alto Arauco, Centro Mayor, Torre Libertad y Plaza del Río.
Además, se contabilizaron 50 edificios que requerían reparaciones y mil casas con diversos daños y 25 edificios públicos tuvieron algún grado de daño.
Uno de los inmuebles, que resultó con daño estructural en algunos niveles y se sumó a la lista oficial fue el Fiuc, perteneciente a la Universidad de Concepción, que fue el primero iniciar la deconstrucción, en este caso fueron tres pisos, proceso que culminó en octubre y que implicó un mejoramiento de su fachada, gracias a un concurso arquitectónico que se realizó.
El primero de los gubernamentales en iniciar la deconstrucción fue el Palacio de los Deportes en Talcahuano.
La deconstrucción fue lenta. Sólo en diciembre de 2010, el Gobierno determinó que deconstruiría los edificios penquistas en categoría 1, además de otro en Hualpén, llamado Rodrigo de Triana, debían ser demolidos, no sin antes proceder a una fase de estabilización para evitar riesgos. Para el proceso completo se destinaron $9 mil millones.
En agosto de 2011 partieron las deconstrucciones de los edificios dañados, pero la primera fase fue la desratización, por lo que el derrumbe de las estructuras dañadas se inició a un año y medio del terremoto. Demoliciones que no fueron cobradas por el Gobierno y sólo concluyeron a mediados de 2012, debido a que muchos se retrasaron por problemas judiciales.
Cabe destacar que Torre O’Higgins fue demolida hasta su piso 11 y luego recuperada, completando un total de 14 pisos.
El movimiento telúrico cortó el suministro de los servicios básicos en toda la Región. Durante tres días, la zona sólo se abasteció por camiones aljibe. El centro de Concepción fue el primer lugar en recuperar el servicio de agua potable y energía eléctrica.
Precisamente, la luz domiciliaria fue la primera en reponerse en la zona, aunque con varios cortes, producto de las fallas en la estación Charrúa que, incluso, generó un blackout en la Región el 14 de marzo.
Foto | Diario Concepción
Paulatinamente, el resto del territorio contó con servicios, pero la situación más complicada se vivió en Talcahuano, por la rotura de matrices, el 26 de marzo comenzó a llegar el agua a algunos sectores de la comuna, otros tardaron algunas semanas más producto de las complejas faenas que involucró la recuperación del sistema.
La distribución de gas natural tuvo cortes y los mayores estuvieron en Concepción, el sistema tardó casi un año en recuperarse en su totalidad, producto de roturas de cañerías, que en reiteradas ocasiones generaron emanación de gas en edificios.
El puente Viejo y el Juan Pablo Segundo tuvieron los mayores daños, el único que quedó en uso fue el Llacolén, aunque fue apoyado por un mecano para favorecer el paso de vehículos de hasta 45 toneladas.
En marzo de 2010, el ministro de Obras Públicas de la época, Sergio Bitar, adelantó que se construiría el puente Chacabuco, con conexión a la homónima calle, viaducto que aún no se termina y se espera esté en uso en 2021. Además, se ofreció un puente en Santa Juana, que a diez años del terremoto aún no existe.
Producto de la compleja situación de la conectividad, con sólo el Llacolén funcionando, se decretó restricción vehicular de cuatro dígitos, que se mantuvo hasta fines de octubre.
Foto | Carolina Echagüe M.
Los primeros días de abril comenzó a funcionar el puente ferroviario, que tuvo grietas en algunas de sus cepas, por lo que debió ser reparado.
Poco a poco, la conectividad se recuperó, aunque el puente viejo debió ser demolido por completo. El Llacolén fue reparado sin necesidad de realizar cortes y entregado al uso en octubre. En tanto, el Juan Pablo Segundo sólo estuvo operativo a fines de noviembre. Se invirtieron $4.070 y $5.204 millones, respectivamente.
Las faenas para crear los pilotes del puente Chacabuco fueron adjudicadas en julio de ese año por $4.113 millones, sin embargo, partieron a fines de octubre y concluyeron en marzo, sobre estos, se instaló un puente mecano, facilitado por el Ejército, que comenzó a funcionar en junio de 2011, cinco meses después de lo presupuestado.
La historia es larga, la construcción del puente ha estado a cargo de varias empresas, incluso con tareas fallidas, y a 10 años del terremoto, aún se sigue esperando el término del viaducto, que fue ofrecido como una obra de emergencia.
La falta de conectividad tras el terremoto fue más que evidente, la destrucción de los puentes generó desconexión entre la capital regional y San Pedro de la Paz, así como hacia los puertos.
Por ello, el Gobierno de la época aprobó, como medida de emergencia, generar conectividad fluvial para 200 camiones, de un total de 6 mil que circulaban antes por los puentes, que partiría a fines de marzo.
Sin embargo, las barcazas llegaron a principios de agosto, tiempo que tardó la licitación y construcción de los acceso para que los camiones pudieran subir a las barcazas.
Foto | Diario Concepción
La naviera Paredes de Puerto Montt fue la única que postuló. El costo por camión de 20 metros alcanzó los $62.500, monto que fue cuestionado. Asimismo, se criticó la inversión de $1.500 millones en una iniciativa transitoria. Su funcionamiento se mantuvo por cuatro meses.
Si bien la Región y todo el país se consideraba como preparada para los terremotos, el movimiento del 27/F dejó en claro que la seguridad que ofrecían las estructuras no era tal, lo que obligó, incluso, a modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para generar edificaciones sismorresistentes.
Las alturas de los inmuebles fueron cuestionadas, pues los más altos, que aseguraban tener faenas de calidad, colapsaron, como el caso de Alto Río, parte de la Torre O’Higgins y el moderno Olas en San Pedro de la Paz.
Foto | Diario Concepción
En ese momento, la altura se cuestionó principalmente por la gran cantidad de estacionamientos que se construían de forma subterránea, que al intentar optimizar la ocupación del subsuelo generaban pilotes muy finos con un contacto mínimo con el suelo y, por tanto, débiles.
Por ello, arquitectos locales recomendaron crear inmuebles de máximo ocho pisos que resisten mejor un terremoto, permiten que zonas aledañas capten sol y no requieren mayor tratamiento de suelos, ideal para una densidad baja de ciudad.
Ahora, a más de 10 años, el debate continúa, al menos en Concepción, y se deberá esperar que en marzo el Concejo Municipal defina la altura máxima de los edificios para la nueva modificación al Plan Regulador Comunal.