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Uno de cada cuatro campamentos del país está en la Región del Bío Bío

Hay 124 en la zona, 17 históricos serán priorizados por el Gobierno. Buscan unión gubernamental, de privados y universidades para buscar solución definitiva.

Por: Ximena Valenzuela 26 de Mayo 2018
Fotografía: Archivo.

Poco y nada ha cambiado la realidad de los campamentos en la Región en los últimos años, según el catastro realizado en 2011 existen 91 campamentos que incluyen 4.671 familias, a los que se deben sumar 33 catastrados por la Fundación Techo que incluyen a más de 2.000 hogares.

Y, lo que es peor, según el encargado nacional de Campamentos, José Tomás Montt, uno de cada cuatro de los asentamientos del país están en la Región, se concentran en Lota (19), 15 en Talcahuano y 12 en Tomé. De ahí la presencia de la autoridad en la zona que ayer comenzó a recorrer la provincia de Concepción y parte de la Arauco para conocer en terreno la realidad de los habitantes.

Detalló que el plan de Gobierno dará solución a los 91 campamentos catastrados en 2011, 21 de ellos son de la Región los que deberían tener una solución este año o máximo a mediados del próximo.

Comentó que la iniciativa dará prioridad a las familias que llevan más de 20 años en campamentos, de los cuales hay 17 en Bío Bío e, incluso, hay tres con más de 50 años con los que se está trabajando: Línea Férrea en Penco, Los Coligues en Chillán y Candelaria de Los Ángeles. Agregó que buscan erradicar campamentos en zonas de riesgo y que en esos sectores esperan crear áreas verdes para evitar nuevo poblamiento.

Sin embargo, para tener resultados positivos requieren caracterizar a los campamentos, proceso que ya comenzó y que se espera esté listo a fin de año o principios del próximo, ya sea a través de la radicación, si es posible con una urbanización completa, o bien, erradicación a nuevos proyectos.

En cuanto a la totalidad de los campamentos de la Región, la autoridad dijo que no puede comprometer una meta de terminar con todos, pues primero deben atender los más antiguos como es el caso de Nuevo Amanecer en Pemuco que se relocalizará de forma íntegra en otro terreno. Eso sí, destacó que de los más antiguos, en promedio se cierran 50 por año.

“Es impensable que en cuatro años los vamos a eliminar todos, pero lo que sí está en nuestras manos es convocar actores públicos y privados para cambiar esta realidad”, armando mesas de trabajo con Techo, CChC, Ministerio Desarrollo Social y privados para que todos en conjunto busquemos cómo superar esta realidad que va más allá de la pobreza, que requiere capacitación, educación y oportunidades.

“Esto (campamentos) es un problema de sociedad, hay llegar a acuerdos y ver cómo enfrentar la problemática (…) Hay que trabajar con todos, con las universidades, gobierno, privados, para que deje de ser un problema”, dijo y agregó que se requiere voluntad política, pero especialmente voluntad social.

Manifestó que esperan que se termine con las ventas ilegales de terreno o cobros abusivos de arriendo, que también influyen en la decisión de una familia para vivir en un campamento y aseguró que están trabajando para aumentar el monto del subsidio de arriendo que hoy se cifra en mil mensual, dependiendo de la zona del país.

Montt expresó que en promedio anualmente en la Región se invierten .100 millones en el área, a lo que se debe sumar los 220 subsidios habitacionales que entregan anualmente por un monto de 940 UF cada uno. Para el presupuesto 2019 analizan aumentar los montos para comprar terrenos, generar oferta habitacional y cerrar campamentos. Y aunque no entregó cifras recalcó que se van a preocupar tanto de inscritos en el catastro 2011 como de los nuevos.

José Tomás Montt afirmó que es difícil ponerse en el lugar de cada una de las personas que están viviendo en campamentos, muchas veces exponiéndose al frío, mal tiempo y al barro. “Tenemos más de 13 mil familias en el país viviendo en campamentos por más de 20 años. Muchas veces la gente se va a uno porque creen que tendrán una solución más rápida, pero no es así”.

Sostuvo que como ministerio continuarán en la misión y que esperan que otros actores aporten dando capacitación a las familias con diferentes instrumentos del estado y entregarles herramientas, pero “la ley no nos permite entregar recursos, entonces, ahí viene el privado, por ejemplo Homecenter no sólo dona materiales, sino que también tienen programas para ayudar a familias vulnerables. Estado y privados deben unirse para lograr cambios”, dijo y agregó que cree que están todas las condiciones para lograrlo.

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