Carta al director

Caso Anguita

Por: Diario Concepción | 30 de Septiembre 2017

Señor Director:

El Tribunal Oral en lo penal de Puerto Montt dictó sentencia en  la causa por homicidio de Viviana Haeger, absolviendo a su cónyuge Jaime Anguita, quien era acusado como autor inductor -autor intelectual-, de femicidio consumado de la contadora y cambiando también el fallo, la calificación del delito por el que se acusaba a José Pérez como autor de homicidio calificado de Viviana, llamado también sicario.

El delito por el que se acusaba a Pérez era de homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria, establecido en el artículo 391 del Código Penal, que le impone a su autor una pena de presidio menor en su grado medio (que va desde 541 días) a presidio perpetuo simple (sin beneficios carcelarios por 20 años), declarándolo en su lugar como autor del delito de robo con homicidio, establecido en el artículo 433 del Código Penal, “cuando con motivo u ocasión del robo se cometiera además homicidio…”, penado en el numeral 1° con presidio mayor en su grado medio (10 años y un día) a presidio perpetuo calificado (sin beneficios carcelarios en 40 años), con lo que se le aumenta considerablemente la pena.

La razón del fallo del Tribunal se sustenta con uno de los más importantes principios que inspiran a nuestro Derecho Penal, el de inocencia. Nuestro proceso penal debe presumir que un acusado es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, es decir mientras no sea posible probar sin lugar a ninguna duda razonable su responsabilidad penal en el hecho ilícito del que se le acusa a una persona, esta debe ser declarada inocente.

Los fundamentos que existen para no condenar a un acusado por un tribunal cuando existe ‘duda razonable’ respecto a su responsabilidad penal se sustentan en que la orientación de nuestro proceso penal es de protección al acusado, “pro reo”, esto es en beneficio del reo, dado que de todas las ramas del derecho, el penal es el que tiene sanciones más gravosas para los bienes jurídicos de los condenados, la vida, la libertad, ejercicio de derechos civiles y profesionales.

Finalmente, el principio de inocencia se basa igual en consideraciones de derechos humanos, evaluándose que es infinitamente mejor que un delito quede sin culpable a que una persona inocente sea castigado, por parte del Estado, por un delito que no cometió, por todas las consecuencias que esto conlleva para el condenado, en cuanto a su libertad, antecedentes, vida laboral, personal, emocional, situación económica y la de su familia.

 

Isabel González

Facultad de Derecho, U.Central

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