Especialistas regionales coinciden que existe un vacío legal o espacio discrecional en la ley. Las diferencias están en que si todos los trabajadores tienen derecho a negociar o sólo quienes pertenezcan a un sindicato.

A través de una carta a un matutino, parlamentarios abogaron por una revisión del dictamen que prohíbe a las instituciones que reciban dineros fiscales aplicar la objeción de conciencia institucional.