Su presidente, Marcelo Drago, reconoció que el país se encuentra a la vanguardia a nivel global, pero cree que aún faltan instituciones que entreguen información de manera clara y fácil a los chilenos.
Muy contentos se retiraron de Concepción los miembros del Consejo Para la Transparencia, tras realizar, por primera vez, una sesión fuera de Santiago. Y el lugar escogido fue la Universidad de Concepción.
Esto se debió al convenio que tiene el organismo con la casa de estudios, puesto que a nivel local existe un observatorio de transparencia. Esto ayudó a que una centena de personas, entre estudiantes, abogados y funcionarios públicos llegarán a la instancia, para conocer más detalles de la normativa.
Fue bajo este marco, en donde el presidente del Consejo Para la Transparencia, Marcelo Drago Aguirre, conversó con Diario Concepción sobre las organizaciones que se deberían sumar a la normativa, como las falta que ocurren al revisar el sistema.
-Se ha dicho en el último tiempo que la transparencia es fundamental para la democracia ¿Cómo está Chile posicionado en este tema?
-Dentro de los pilares que sustentan a las democracias modernas se encuentra la transparencia, sólo a través de esta y el acceso a la información por la parte de la ciudadanía es posible una rendición de cuentas por parte de las autoridades. Chile se encuentra en una situación, a nivel global, muy adelantado, creo que en Latinoamérica estamos a la cabeza, junto con México. Sin embargo, falta mucho para que logremos el objetivo final, que es la confianza hacia las instituciones públicas en Chile. Acá usamos una agenda de transparencia, que busca establecer una gran puerta de acceso y que exista un órgano garante, que el Consejo Para la Transparencia. Pero fuera quedaron la Contraloría, el Tribunal Constitucional, el Banco Central y el Poder Legislativo.
-Hablaba del Poder Legislativo, ellos tienen una diferencia abismal en lo que se refiere a transparencia. En Diputados es muy fácil pedir y acceder a la información, pero en el Senado ocurre todo lo contrario. ¿Cómo toman ustedes esta diferencia?
-Hay diferencias en ambas Cámaras, pero creo que los mecanismos de control interno deben someterse a un control externo. Sin embargo, cuando han habido situaciones puntuales, no se utilizaron todos los mecanismos que establece la ley, quizás ahí faltó proactividad. Hay asimetrías a nivel nacional que se deben terminar con un sistema integral.
-En este sistema integral ¿Se deben incluir a las Fuerzas Armadas y de Orden?
-Están incluidas actualmente, nosotros hemos utilizado sistemáticamente está oportunidad, y te recuerdo, que actualmente el Comandante en Jefe de la Fach se encuentra sumariado por denegar información. Nosotros ejercemos nuestras facultades.
-La fiscalización, eso sí, sigue siendo baja, ya que persisten los problemas para acceder a la información
-Esto se debe a que existen materias de seguridad nacional, que se encuentran por sobre la ley de transparencia. Pero si no hay afectación de ese bien jurídico, se debe entregar la información. Esto nos ha derivado en diferencias con los institutos armados, que han sido zanjadas por el propio consejo o por la justicia.
-En ese sentido, si se hubiese hecho un buen proceso de transparencia y autofocalización, ¿Se podría haber evitado los escándalos en el Ejército y Carabineros en donde está como protagonista el dinero?
– Yo creo que sí, mucho de eso se habría evitado con más transparencia, ya que la fiscalización es mayo. A esto, se suma el control social que se podría haber ejercido sobre las planillas de Carabineros.
-¿Deberían las universidades privadas sumarse al sistema de transparencia?
-Sería positivo, un paso positivo para el país, ya que acá se encuentran involucrados recursos significativos provenientes del Estado, por lo que se podría dar el paso.
-Usted dice que es positivo que las universidades que reciben fondos públicos participen de este sistema ¿Esto incluye a las universidades con fines de lucro?
-El debate de la ley es ampliar a los sujetos obligados a la transparencia y creo que las universidades son parte de esta conversación, que no se limita sólo a las universidades, e incluye a otras instituciones que reciben dineros del Estado, como las cotizaciones de los trabajadores, como las Isapres o Afps. También, se incluyen a las asociaciones gremiales, etc. Creo que debemos tener una conversación a nivel nacional de lo que debemos incorporar a la ley y las universidades, en la medida que reciban recursos del Estado, debieran considerarse en hacer pública la información de transparencia activa.
–Ustedes, nos entregaron un estudio de cumplimiento de acceso a la información, mediante el sistema de transparencia, en donde aparece la Universidad del Bío Bío con un 0% de cumplimiento. ¿Cómo toman ustedes esto, si estamos frente a una institución pública que no cumple con la ley?
-Nosotros lamentamos está situación y ellos, ahora, están al debe. Este caso, junto a otros de la Región, denotan la falta de cumplimiento, en donde impulsamos medidas disciplinarias en contra de las instituciones que no cumplen con la ley. No es posible que esto ocurra, estas son solicitudes de transparencia y es un incumplimiento bien grave a la ley, que se merece un reproche.
Al realizar investigaciones periodísticas, utilizando el sistema de transparencia, nos hemos encontrado con una ingrata sorpresa en algunos municipios, que es la información errónea. Un ejemplo, son sueldos que no corresponden y que fueron contrastados con colilla en mano. ¿Eso no es torcer el espíritu de la ley?
-Eso es una falta a la transparencia activa, que conlleva una infracción, sin importar si esto fue de buena o mala fe. En esos casos se subió información que no correspondía y hay sanciones disciplinarias.
-¿Qué tipo de sanciones se pueden aplicar?
-Para este caso, se encuentra una multa, mínima, del 20% del sueldo del funcionario que se encuentra a cargo de subir la información al sistema. Para lograr esta sanción, se hace un proceso administrativo completo.
-¿Existe desconocimiento por parte de los chilenos en relación a la Ley de Transparencia?
-Hay un desconocimiento, ya que un 20% conoce la ley, esto no es un número malo, pero me preocupa que la Región del Bío Bío se encuentra por debajo de la media nacional, así que existe un desafío para dar a conocer esta normativa para la Región.