Opinión

Lucro en universidades y fallo del Tribunal Constitucional

Por: Diario Concepción 22 de Abril 2018
Fotografía: Carolina Echagüe M.

Christian Schmitz Vaccaro
Rector Ucsc

La educación es un bien público y está claro que las instituciones no deben perseguir en forma directa fines de lucro. Esto no solo es un consenso nacional, sino que además está consagrado en la Ley que rige a las Universidades desde 1990. Sin embargo, en la práctica esta prohibición se burlaba por medio de empresas que operaban las casas de estudios como personas jurídicas sin fines de lucro, generando figuras conocidas como sociedades espejo. En definitiva, no habían fines de lucro directos, pero sí indirectos. El proyecto de ley de reforma de la educación superior propuso poner término a estas prácticas evasivas del texto legal antiguo, estableciendo la prohibición de lucro indirecto en su artículo 63.

El fallo del Tribunal Constitucional, al declarar inconstitucional dicha disposición legal, genera estupor e incertidumbre. Primero, porque valida prácticas contrarias al espíritu legal y a un consenso nacional, desarticulando una herramienta de resguardo que, como rectores de universidades de vocación pública, consideramos esenciales para la educación como bien público y bien superior.

Segundo, genera incertidumbre al permitir que entidades con fines de lucro sean parte del control de instituciones de educación superior. No solo abre el paso a inequidades a nivel institucional, sino que afecta a los jóvenes y sus familias. Ya se han visto los resultados negativos de instituciones que orientadas al lucro, solo han sido instrumento mercantil para los grupos controladores y no para el fortalecimiento de una formación universitaria de calidad.

Durante todo el proceso de discusión de la Reforma a la Educación Superior, hemos mantenido nuestra posición orientada a defender la misión de nuestras universidades de vocación pública, y especialmente de las que llevamos a cabo esta misión en las distintas regiones del país. El sistema de educación no solo debe proteger el desarrollo de diversos proyectos educativos libres de controles políticos, sino también económicos, pues el espíritu de las universidades tradicionales del país está orientado al servicio de la sociedad y el desarrollo de sus comunidades y territorios.

Como lo hemos reiterado a nivel de la Red de Universidades G9, y la Agrupación de Universidades Regionales AUR, esperamos que prontamente se recuperen los resguardos para cautelar el efectivo fortalecimiento de la educación superior chilena orientada genuinamente al bien común.

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