Fernanda Salas Retamal
Trabajadora Social, postítulo en Ciencias Políticas, CEE UdeC
La captura de Nicolás Maduro en este inicio de 2026 ha provocado un sismo geopolítico que se siente con fuerza en cada rincón de nuestra región. Tras décadas de una dictadura que desmanteló la institucionalidad y empujó a millones al exilio, el escenario actual oscila entre la esperanza genuina de reconstrucción y el vértigo de una incertidumbre jurídica peligrosa. Sin embargo, bajo el estrépito de las botas y el triunfalismo de una “administración transicional”, surge una verdad que no podemos ignorar por más que el entusiasmo nos desborde: la arquitectura de una nación sana no puede erigirse sobre el vacío legal, ni sobre los escombros de la ética.
El Derecho Internacional no es un conjunto de sugerencias diplomáticas para leer en la comodidad de una oficina; es la estructura mínima de decencia que impide que el mundo retorne a la barbarie de la ley del más fuerte. Si bien la caída del régimen es un alivio continental, la forma de su ejecución plantea interrogantes que el pragmatismo no puede silenciar. El Derecho Internacional debe dejar de ser una abstracción académica para actuar como el único escudo real de la humanidad frente al arbitrio. No se trata solo de quién detenta el poder hoy, sino de cómo se legitima ese ejercicio para evitar que la liberación sea, trágicamente, el prólogo de una nueva tiranía disfrazada de orden.
Frente a la opresión, la tentación de aplaudir el unilateralismo es alta, pero reemplazar la ley por la fuerza es un error histórico que termina pasándoles la cuenta a los pueblos. El tablero venezolano, hoy bajo la influencia directa de la administración de Donald Trump y su narrativa de narcoterrorismo, se enfrenta a una paradoja: la liberación sin el aval de la arquitectura multilateral es, en esencia, un éxito con veneno. Si la caída de la tiranía se consolida al margen del escrutinio internacional, no estaremos celebrando el retorno de la democracia, sino el triunfo de una tutela externa. Debemos entender que la libertad “por encargo” es, por definición, una libertad condicional que rara vez pertenece realmente a la gente.
Para que este cambio sea irreversible, la transición debe nacer del consenso global y no del capricho de una potencia. Es imperativo no confundir justicia con revanchismo; los crímenes de lesa humanidad exigen tribunales bajo estándares universales, pues una paz duradera no se construye con venganzas, sino con la rigurosidad del derecho penal internacional. La asistencia externa debe ser un puente transitorio hacia el sufragio libre, jamás un fin en sí mismo ni una ocupación velada que comprometa la soberanía real.
El problema no es que el Derecho Internacional exista, sino su falta de garras ante dictaduras sistémicas. No obstante, reconocer la tragedia venezolana no puede significar el abandono de la legalidad. Al contrario: nos recuerda que proteger la norma es proteger la civilización. La democracia en Venezuela solo será sólida si se cimenta sobre la legalidad universal. Ante la pregunta “¿y ahora qué?”, la respuesta es definitiva: el futuro de Venezuela debe ser legal, o simplemente no será libre de verdad.