Hace unos días, el flamante futuro ministro de Vivienda de Kast, Iván Poduje, cuestionó las prioridades de un académico de la Universidad del Biobío al caracterizar su posición como una que “se preocupa de los árboles más que de las personas”. A un par de semanas de que nuestra región sufriera los incendios forestales más destructivos de la historia contemporánea, donde el fuego alimentado por monocultivos arrasó con miles de viviendas y acabó con la vida de 19 personas, resulta relevante analizar esta afirmación.

La historia de la industria forestal en Chile no es ajena a los acomodos de la política. Su masificación responde precisamente a las transformaciones legales impuestas por la dictadura, que estableció, mediante el decreto ley 701, enormes beneficios monetarios para su expansión. Diversos estudios cifran en $875 millones de dólares los bonos pagados por el Estado a las forestales entre 1974 y 2013. Un 70% de este monto, US$600 millones, fueron a parar a las arcas de los grupos Matte y Angelini, grandes controladores de la industria y el poder político a nivel nacional.

Desde la capital parece sencillo pensar en la industria forestal como un factor de desarrollo y prosperidad. Pero a nivel regional, sus consecuencias nos golpean con crudeza: La región del Biobío concentra casi el 40% de las plantaciones forestales del país, y más del 30% de la superficie incendiada. Año a año aumentan las exportaciones, mientras el empleo asociado a la industria disminuye (Diario Concepción, 11 de abril de 2024).

La falaz oposición entre protección ambiental y bienestar social devela un modelo territorial y productivo que expone de manera sistemática a las familias al riesgo. La expansión de plantaciones forestales hasta el borde de zonas habitadas, la ausencia de franjas de resguardo efectivas y la débil regulación del uso del suelo han convertido incendios previsibles en catástrofes sociales. Lo que el señor Poduje no logra entender es que los naranjillos y los humedales no son “recursos naturales”: son la última defensa entre las plantaciones y las casas de nuestras familias. Al final, parece que son otros los que se preocupan por los árboles más que por las personas.

Sindy Salazar Pincheira
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos