La Contraloría determinó que las licencias médicas rechazadas también deberán contabilizarse para evaluar la eventual incompatibilidad de salud con un cargo público.
Según el informe emitido por la CGR, el Instituto Nacional de Estadísticas habría contratado a 16 personas con antecedentes penales y otras 14 con expulsión administrativa pendiente.
La auditoría también reveló cientos de proyectos en incumplimiento sin cierre formal, otras graves inconsistencias en la información financiera y una contratación con posible conflicto de interés, entre otras observaciones.
La máxima autoridad de la CGR realizó visita protocolar y charla en la Casa de Estudios.
Los jefes comunales de Lota, San Rosendo y Alto Biobío figuran entre las 15 autoridades municipales del país apercibidas por no actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio.
El MOP en Biobío señaló que el proceso ha cumplido con los plazos planificados.