Son 485 servidores públicos de la Administración Central que permanecían suspendidos preventivamente -recibiendo sus remuneraciones- a marzo de 2026. La Contraloría está apercibiendo a servicios que no respondieron y revisará la veracidad.
Lo que debes saber
• Contraloría detectó 485 funcionarios públicos suspendidos preventivamente entre 2020 y marzo de 2026, con 30 casos que superan los tres años.
• 13 funcionarios llevaban más de cuatro años suspendidos y el caso más extenso correspondía a un funcionario de Mejor Niñez, con 4 años y 7 meses.
• El Estado desembolsó $671 millones en remuneraciones de los diez casos más prolongados. Contraloría asumirá la tramitación de 30 sumarios.
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Un total de 485 funcionarios públicos de la Administración Central (no incluye municipalidades) se encontraban suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026, según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 elaborado por la Contraloría General.
La principal alerta del reporte apunta a la prolongada duración de algunas de estas medidas. De acuerdo con los antecedentes recopilados, 13 funcionarios permanecían suspendidos desde hace más de cuatro años, mientras que otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años en la misma condición. En total, son 30 los casos que superan los tres años de suspensión preventiva.
La situación más extensa corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión alcanzaba una duración estimada de 4 años y 7 meses. Le siguen casos registrados en el SLEP Santiago Centro, con 4 años y 6 meses, y en el SLEP Atacama, con 4 años y 2 meses.
El Estatuto Administrativo permite la suspensión preventiva de funcionarios mientras se desarrolla una investigación disciplinaria. Sin embargo, según el informe de Contraloría, “cuando los plazos de un sumario se extienden, la autoridad que lo instruyó debe revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras”.
Ante estos resultados, la Contraloría General de la República dispuso que los 30 sumarios con funcionarios suspendidos por más de tres años dejarán de ser tramitados por los servicios u organismos donde se originaron y pasarán a la Contraloría para que continúe su tramitación. De esta manera, se buscará determinar si existen responsabilidades de las autoridades que ordenaron los procedimientos y no efectuaron un control oportuno de su avance.
Asimismo, las entidades que mantienen funcionarios suspendidos preventivamente por más de un año deberán informar, en un plazo de 15 días hábiles, el término de los sumarios, justificar fundadamente la continuidad de la medida o reportar acciones concretas para agilizar su conclusión. Además, tendrán que iniciar procedimientos disciplinarios orientados a establecer eventuales responsabilidades por las demoras detectadas.
La fiscalización también contempla nuevas verificaciones. El organismo informó que realizará acciones de control adicionales en servicios específicos para comprobar la calidad y veracidad de los antecedentes recibidos, especialmente en situaciones donde no se entregó información o la remitida no resulte suficientemente convincente para respaldar los datos reportados. Esto incluirá una revisión en los procesos realizados por los municipios.
Adicionalmente, el informe reveló que 22 funcionarios suspendidos preventivamente registraban otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, de acuerdo con antecedentes del Servicio de Impuestos Internos.
Según los datos recopilados, el Estado ha desembolsado $671 millones en remuneraciones asociadas únicamente a los diez casos con los períodos de suspensión más prolongados identificados en la revisión.